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Los vecinos del Delta, junto a entidades ambientalistas, se habían movilizado a fines de 1999 en oposición al proyecto para construir el denominado “camino isleño”, destinado a comunicar entre sí a las islas de esa región. El camino, de 18 kilómetros de extensión, había sido proyectado hace más de 40 años, y fue relanzado entonces por el intendente de Tigre, Ricardo Ubieto, con el argumento de favorecer la salida de mercadería de productores de la zona. Pero para la Asociación Pro Delta, el emprendimiento estaba destinado a favorecer emprendimientos inmobiliarios en la zona de las islas.
El proyecto comenzó a declinar a principios de 2000, después de que el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, emitió una resolución en la que desaconsejaba la realización de la obra por carecer de estudios de impacto ambiental. “A partir de entonces, el proyecto languideció, pero no solo por la resolución del ombudsman sino porque todos los emprendimientos inmobiliarios de la zona comenzaron a tener dificultades económicas”, dijo Martín Nunziata, de Aprodelta.