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El viejo bar La Alameda, abandonado por años y utilizado con fines sociales por la Asamblea Popular 20 de Diciembre de Parque Avellaneda –que brinda alimento a 160 personas y donde crearon tres cooperativas de trabajo– fue expropiado ayer por la Legislatura porteña para ser utilizado con fines sociales. La semana pasada, la Policía Federal había intentado desalojar violentamente a las personas que trabajan en el lugar, quienes resistieron la represión y ayer festejaron la expropiación.
Por 23 votos contra 20, los legisladores decidieron que la Ciudad de Buenos Aires adquiera el inmueble, en Directorio y Lacarra, a un costo de 90 mil pesos, la cifra pagada en el remate judicial. El proyecto había sido presentado por el presidente del bloque de legisladores del ARI, Fernando Melillo, y consiste en la entrega del local en comodato por un año, prorrogable por otro, tras lo cual el inmueble quedará en poder de la Secretaría de Desarrollo Social porteña.
El presidente del bloque de diputados del Partido Socialista, Roy Cortina, celebró que “en vez de privilegiar la propiedad privada y el derecho de quien en el marco de un expediente judicial compró ese inmueble a precio vil, anteponemos el derecho a trabajar, educarse, alimentarse, vestirse y vivir dignamente”.
En el espacio recuperado se conformaron tres cooperativas: de trabajo, de vivienda y de artesanos feriantes. Todos emprendimientos autogestionados que dan trabajo a cuarenta personas y que cuentan con el visto bueno del gobierno nacional a través del Plan Manos a la Obra. También funcionan una panadería, una librería, un centro de copiado y un taller textil, todo comunitario.
La expropiación marca un precedente importante para las organizaciones sociales, ya que la Legislatura porteña había aprobado expropiaciones de fábricas en manos de trabajadores, pero nunca espacios ocupados con fines sociales, en este caso un comedor comunitario y cooperativas de trabajo. La decisión adoptada ayer por los legisladores era muy resistida por los sectores que privilegian la propiedad privada sobre otros derechos.
El diputado de Compromiso para el Cambio, el macrista Jorge Enríquez, fustigó que “el derecho a la propiedad privada otra vez ha sido atropellado por la Legislatura. Para algunos legisladores, el delito de usurpación de una propiedad merece un premio”. En tanto, Vilma Ripoll, de Izquierda Unida, enfatizó que “nadie se puede asustar de este tipo de expropiación porque el dueño de la propiedad va a ser indemnizado”.