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El gobierno español aprobó ayer un proyecto de ley por el cual se reconocerá el matrimonio entre homosexuales, igualando los derechos de estas parejas con las de heterosexuales, como el de la adopción, la herencia y la pensión. La iniciativa debe ser ratificada por el Parlamento y se estima que entrará en vigencia en 2005. Entonces, España se convertirá en el tercer país en el mundo que reconoce iguales derechos a matrimonios homosexuales y heterosexuales. El paso dado ayer por el gobierno socialista tendrá repercusión en esta orilla del Atlántico: la Comunidad Homosexual Argentina prepara un proyecto de ley para consagrar en el país la unión civil, que contemple el derecho de adoptar niños (ver nota aparte).
Según datos oficiales, el anteproyecto aprobado ayer beneficiaría a unos 4 millones de ciudadanos españoles. La clave del cambio está en la modificación del artículo del Código Civil que dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio”. A ese artículo se añade que “la identidad de sexo de ambos contrayentes” no impide que se celebre el matrimonio.
La aprobación del anteproyecto acaba “con siglos de discriminación”, dijo ayer la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al presentar el acuerdo del Consejo de Ministros. “Es un día importante para millones de ciudadanos que sufren discriminación, y es importante para los demás porque juntos avanzamos en igualdad”, añadió. Fernández de la Vega no sólo negó que esta decisión fuera un ataque a la familia, sino que dio vuelta esa crítica: “Supone reforzar la institución familiar”, destacó.
Los homosexuales “no son un pequeño grupo. Son nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo, y los tratamos a diario. Ante su situación, la sociedad podía hacer dos cosas: hacer como si no existieran, o tratarlos con igualdad”, dijo Fernández de la Vega.
El propio presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, salió al cruce de las críticas de la Iglesia Católica, que consideró la medida como “un error y una injusticia de muy negativas consecuencias para el bien común y el futuro de la sociedad”. El jefe del gobierno expresó su intención de que “estos ciudadanos (los homosexuales) dejen de ser ciudadanos de segunda y tengan plenos derechos” (ver aparte).
Los principales motivos y contenidos de la decisión del Ejecutivo son los siguientes:
- Causas políticas. “Estaba en el programa electoral del PSOE y lo anunció el presidente de gobierno en su investidura”, señaló la vicepresidenta Fernández de la Vega. Se trata de “extender los derechos de la ciudadanía, profundizar en la igualdad y remover una barrera milenaria de desigualdad. Se trata de personas iguales discriminadas en su dignidad”, añadió el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
- Adopción. La vicepresidenta del gobierno dio tres motivos para que las parejas de gays o de lesbianas puedan adoptar: “Ya hay miles de niños que viven con parejas homosexuales; existen más de 50 estudios internacionales que demuestran que no hay diferencias entre los niños criados por parejas homosexuales y heterosexuales y que la mayoría de los españoles creen que debe primar el bienestar de los niños sobre otras consideraciones (de acuerdo con una encuesta realizada en junio, el 74,5 por ciento de los españoles está de acuerdo con que “lo más importante es garantizar el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de la pareja)”.
- Iglesia Católica. El anteproyecto “no va contra nada ni contra nadie”, insistió ayer López Aguilar cuando se le preguntó por la oposición de la Iglesia Católica. “El gobierno coopera intensamente con la Iglesia Católica y otras confesiones, y lo hace con convicción. Las personas que profesan la religión católica tienen derecho a contraer el matrimonio que ellos consideran único e indivisible”, pero eso no obliga al resto de los ciudadanos, añadió. Este mensaje conciliador no consiguió evitar, sin embargo, las críticas de la Conferencia Episcopal y otros grupos conservadores. Se trata de “una propuesta errónea e injusta” y “un retroceso democrático”, opinaron varios obispos.
- Constitución. “El gobierno está convencido de que esta iniciativa es conforme a la Constitución y sirve mejor a sus valores”, dijo López Aguilar. El ministro se refirió al cumplimiento de tres artículos constitucionales: el que promueve “las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra”; el que garantiza “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social” y que asegura que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición”.
El opositor Partido Popular, en tanto, presentó en el Parlamento una propuesta para regular las uniones civiles de parejas de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales. La iniciativa equipara en derechos a estas uniones con los matrimonios, pero se deja fuera la posibilidad de la adopción para las parejas del mismo sexo.