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Con mayores o menores restricciones, el Gobierno podría poner en funcionamiento el año próximo un registro de ADN a utilizar como banco de datos para causas judiciales. La existencia del polémico registro genético se discute desde hace cuatro años en el Congreso y fue criticado por distintos organismos de derechos humanos, pero ayer entró finalmente en la agenda política del gobierno nacional. Durante una reunión con las llamadas Madres del Dolor, los responsables del Ministerio de Justicia y del Interior se comprometieron a trabajar sobre un marco legal y analizar los alcances. Están quienes no lo quieren, quienes piden la difícil empresa de obtener el ADN de toda la población –como algunos sectores de las Madres– o quienes piden sólo el de los condenados por delitos sexuales, tal como lo establece un proyecto de ley con media sanción en Diputados desde diciembre del año pasado.
La discusión por la apertura de una base de datos genética entró a la agenda política del Gobierno: Aníbal Fernández, de Interior, y Horacio Rosatti, de Justicia, se reunieron con representantes y familiares de las Madres del Dolor. Estuvieron presentes Isabel Yaconis, la madre de Lucila, la chica violada y asesinada junto a las vías del tren, en Núñez; Silvia Irigaray, madre de uno de los chicos de la denominada “Masacre de Floresta”; Vivian Perrone, madre de Kevin Sedano, muerto en un accidente de tránsito, y Eugenio Schenone, el padre de Marcos, el chico muerto de un balazo por el que está acusado Horacio Conzi, empresario de Dallas.
“Pedimos dos cosas sobre el tema del ADN”, explicó Schenone ante una consulta de este diario. “Primero que los exámenes de ADN sean para todos, generales y además que figuren en todos los documentos, como el número de identidad.” Para el padre de Marcos, el sistema permitiría hallar rápidamente, por ejemplo, al responsable de una violación. Para los organismos de DD.HH., la idea es intromisiva. Según la diputada Laura Mussa, del ARI, “sólo si es muy restrictivo para casos de condenados, siempre pensando en todas las garantías constitucionales y sólo a los fines de una investigación judicial”.
La perspectiva de Schenone no es la de todas las Madres. Según la información recogida por este diario, hay quienes preferían juntar bases de datos sólo de los condenados por delitos sexuales, tal como lo manifestó la Cámara de Diputados el año pasado cuando aprobó un polémico proyecto del senador justicialista Miguel Angel Piccheto, muy resistido por distintos organismos de DD.HH. desde hace cuatro años.
El proyecto goza de media sanción y entró al Senado como CD 140/03, el 11 de diciembre de 2003. En su artículo 5º prevé que para “el Registro de Identificación Genética (Rigas) la realización del examen genético y la incorporación de la información al Registro deberán ser ordenados por los jueces como pena accesoria para los delitos” tipificados contra la integridad sexual en el Código Penal. En aquella oportunidad, los diputados previeron además “una sección especial destinada a autores ignorados” donde “constarán las huellas genéticas de las víctimas”, después de una disposición judicial.
Aún no se sabe si ese proyecto, todo o en parte, será retomado por el Gobierno. Lo cierto es que quienes comenzarán a trabajar ya lo tienen en cuenta. Fuentes del Ejecutivo lo mencionaron al menos como antecedente y admitieron que antes de esa reunión “ya se había hablado de un registro” más amplio, de tipo “generalista”. Fuera de esto, los datos aún son escasos: “El Registro de ADN se proyecta para el año que viene, pero no es un tema sencillo porque necesita de un marco legal”, advirtió anoche durante una consulta, uno de los voceros del Gobierno. “El ADN es un examen, hay que sacarle sangre a una persona y el tema es difícil porque esa persona puede pensar que las muestras son, por ejemplo, para saber si es portador de VIH”. Tan complicado que, del total de la población carcelaria federal, que ronda los 9300 presos, apenas si se conoce el estudio sobre VIH de 450 internos seropositivos que, para colmo, lo pidieron voluntariamente.
La agenda de las Madres en la Rosada incluyó otros dos capítulos. Pidieron mejoras en las políticas sobre el decomiso y la destrucción de armas y un registro nacional de inhabilitados por accidentes de tránsito. El registro sería una base de datos combinada: “Un mix entre el actual Registro Nacional de Reincidencia, donde están los antecedentes penales de todas las personas del país, y los datos del Registro Automotor”, reseñó la misma fuente del Gobierno.