SOCIEDAD
El comisario que se enriqueció y logró zafar por un error procesal
La causa por enriquecimiento ilícito contra Alberto Sobrado quedó cerrada. El fiscal alegó “irregularidades” procesales.
Por un error procesal, se cerró la causa judicial contra el ex jefe de la Policía Bonaerense, Alberto Sobrado, quien era investigado por presunto enriquecimiento ilícito desde que una publicación periodística dio a conocer que tenía cuentas secretas en el exterior por una suma superior al medio millón de dólares. Esto sucedió porque el titular de la Fiscalía General de La Plata adhirió a la postura del juez de Garantías César Melazo, quien por “irregularidades” procesales determinó la nulidad de la investigación.
El magistrado había hecho lugar a un pedido de Alejandro Casal, el abogado de Sobrado, ya que el defensor entendió que la fiscalía que instruyó la causa contra el comisario actualmente exonerado “había configurado el delito de enriquecimiento ilícito en sede judicial”. De acuerdo con esta interpretación, “al imputado primero se lo debe intimar en sede administrativa para que justifique el origen del patrimonio”, explicaron voceros judiciales. Es decir que, previo al proceso que sigue la Justicia, debió haberse cumplido con los requerimientos administrativos a cargo del área de Asuntos Internos.
El pedido de nulidad por este tecnicismo formal ya había sido elevado por Melazo, pero en enero la fiscal de instrucción platense Leyla Aguilar apeló el recurso y ayer el fiscal general de La Plata Héctor Vogliolo decidió no mantenerlo. De esta manera la causa queda cerrada.
Por este caso, el ex superintendente de la policía fue separado de su cargo en julio de 2003 y en noviembre de 2004 fue exonerado de la fuerza, por disposición del Ministerio de Seguridad bonaerense. La medida se adoptó después de la intervención administrativa que puso en marcha la Auditoría General de Asuntos Internos. Esta medida se tomó al considerarse “falta grave” que Sobrado no haya denunciado las cuentas que tenía en el exterior.
Al ser exonerado de la fuerza, Sobrado dejó de gozar de sus derechos como policía. De este modo, no tendrá jubilación ni asistencia social. Tampoco puede portar armas y, obviamente, lo mismo sucede con los atributos jerárquicos de su grado, indicaron desde la cartera de Seguridad bonaerense.
Aunque en un principio el ex jefe policial habría intentado dilatar el proceso administrativo aduciendo que debía esperarse el avance de la causa penal por enriquecimiento ilícito, su alejamiento de la institución fue decidido al considerarse que cometió una falta grave, dado que no incluyó en sus declaraciones jurada a las cuentas en el exterior.
Esta infracción es una de las más importantes contempladas en la Ley del Personal Policial, pero además se agravó cuando Sobrado no pudo justificar el origen de las altas inversiones en dólares que tenía en Uruguay, en las Bahamas y en España. En el proceso administrativo se tomaron en cuenta las conclusiones de los peritos de la investigación judicial, que calificaron “como remotos, incompletos e inciertos” los antecedentes documentales, a través de los cuales el ex jefe policial intentó probar una herencia recibida por sus padres. A otros de esos documentos los tildaron directamente de falsos. En el mismo sentido, los peritos afirmaron que las rectificaciones ante la AFIP habrían funcionado como “una suerte de blanqueo ensayado con posterioridad a la denuncia”.
Desde 1997 y hasta que fue pasado a retiro, el 3 de julio de 2003, Sobrado había declarado ante el Ministerio de Seguridad provincial tener dos casas, un automóvil y algunos créditos por cobrar. Pero investigaciones periodísticas determinaron inversiones superiores al medio millón de dólares. Entonces Sobrado explicó que era “empresario” y “rentista”. Asimismo, aseguró que había obtenido el dinero por sus “ahorros familiares, inversiones y negocios personales”.
Más tarde, los datos de esas averiguaciones serían confirmados en investigaciones tanto del Poder Judicial como de la Auditoría General de Asuntos Internos. Cuando el hecho tomó conocimiento público, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Reino de España hizo saber a la Justicia argentina de la existencia de operaciones sospechosas realizadas por el ex jefe de la Policía Bonaerense.