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El lugar donde funciona el Centro de Asistencia al Suicida (CAS) es un apéndice del Instituto de Investigaciones Cardiológicas de la UBA. Está relegado, a un costado de la playa de estacionamiento. Allí atiende desde 1974 las 15 mil llamadas anuales hechas por personas que fantasean o traman con poner fin a sus vidas. Esos 35 metros cuadrados obstaculizan al director del instituto, José Milei, que tiene otros planes para el lugar. Por eso pidió a la Facultad de Medicina de la UBA que se quite ese espacio al CAS, argumentando “necesidades de expansión”. La facultad lo escuchó y, luego de analizar la situación, resolvió desalojar a la entidad de bien público. El CAS no acató la orden porque no tiene dónde ir. Como es de esperar, el cese de atención implicaría que decenas de potenciales suicidas no tengan quien los escuche. En respuesta, Milei concurrió con un albañil, quién abrió un boquete en el CAS. El episodio concitó la intervención de la policía y de la rectoría de la UBA, que esta semana dará otro emplazamiento a la ONG. El director del CAS, Carlos Boronat, aseguró: “Acá no queremos estar más”.
El CAS trabaja desde su creación, hace 31 años, en el predio que le cedió el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Medicina. No obstante, en diciembre pasado, el decano de esa institución, Salomón Muchnik, envió una carta documento al CAS pidiendo el despeje de las instalaciones, que “nunca fueron cedidas” y son exigidas por el Instituto de Investigaciones Cardiológicas. El subsecretario de Asuntos Legales de la facultad, Constance Lima, dijo a Página/12 que “tras el pedido del doctor Milei analizamos la situación en que funcionaba el CAS, y nos encontramos con que no existe ningún convenio con esa ONG, ni tiene relación de dependencia con la facultad”. ¿Entonces el CAS entró a lo okupa? “No. Debe haber sido una cesión de hecho de la facultad”, especuló Lima. Según el subsecretario, al no hallar entre sus papeles alguno que explique qué hace el CAS ahí, se procedió “a preguntarle al director del centro, Boronat, cómo habían llegado. Como no recibimos respuesta, se decide recuperar un bien de la facultad. No es un desalojo”, definió el funcionario.
Por su parte, Boronat contó que “ellos dicen que no hay convenios firmados con la facultad y que nuestro permiso es precario, por lo tanto somos usurpadores. Pero nosotros tenemos un escrito que certifica nuestra habilitación para funcionar”. Desde el centro aseguraron que luego de la carta documento enviaron varias misivas en respuesta que nunca fueron contestadas. Según Boronat, “nos dijeron que vayamos a funcionar al SAME, a Salud Mental del gobierno porteño o al Hospital Rivadavia, pero nosotros queremos trabajar en ámbitos de la universidad”, menos en los de Medicina, con los que no se hablan desde el incidente del boquete.
“Esa actitud fue sumamente descortés, muy grosera”. Laura, una de las treinta voluntarias del CAS que se dedica a atender llamados, esquivó los improperios y prefirió decir “no tengo palabras” para cuadrar los modales de los invasores. Cuenta que el 4 de julio a las 9.30, el doctor Milei llevó un albañil para que hiciera un agujero en una pared del CAS. “En ese momento, una voluntaria atendía un llamado. El médico insultó a los voluntarios”, dijo Laura. Boronat indicó que “entonces llamamos a la policía y presentamos una denuncia a la Justicia”.
“No recibimos subsidios, tenemos un medidor de luz independiente, contamos con agua y teléfono, pero lo pagamos entre los voluntarios sin generarle ningún gasto extra a la universidad. Si quieren desalojarnos, nos vamos –precisó Laura–. Lo que objetamos es la forma, como si hubiéramos tomado el lugar por asalto.” El CAS consta de una habitación de 4x4, tres oficinas de 2x2 cada una y un baño. Allí, la ONG se dedica a “escuchar y tranquilizar”, según Laura, porque “mucha gente necesita ser escuchada”, para dejar de pensar en matarse. Con la charla intentan demostrar que “todos los problemas tienen solución”, sostuvo Boronat ante Página/12. “Ahora esperamos solucionar este problema del desalojo que venimos sufriendo. Los métodos por cuales se intentó invadirnos fueron definidos como una afrenta y un avasallamiento por toda la comunidad de atención al suicida. Fue obra de una persona que merece una sanción moral y pública por su falta de ética personal. Con eso del boquete no hay vuelta atrás, tenemos que irnos. Ahora buscamos una solución con la UBA. Con la facultad no hablamos, porque ya se ha expedido.”

Informe: Sebastián Ochoa.