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La Comisión Investigadora de la tragedia de Cromañón decidió ayer citar para el viernes 26 de este mes al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, para que responda sobre su actuación y la de sus funcionarios durante el incendio. Los voceros del ex fiscal aseguraron que Ibarra declarará, aunque no definieron si lo hará personalmente o por escrito.
La decisión de ayer forma parte del largo proceso para decidir si Ibarra es sometido a juicio político. Primero se conformó una comisión especial, presidida por Fernanda Ferrero, que recomendó enjuiciar al jefe de Gobierno y que luego se disolvió. Ayer, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de la Legislatura hizo suyo el informe de aquel organismo y decidió citar a Ibarra para que explique su posición. Después, la comisión debe elevar este dictamen ante la Sala Acusadora, que debe decidir con una mayoría amplia –30 sobre 45 legisladores– si formula la acusación ante la Sala Enjuiciadora.
La decisión de citar a Ibarra se produjo en un salón de la Legislatura colmado de padres y familiares de las víctimas, que llevaron fotos de los jóvenes que murieron en la tragedia y carteles con críticas al funcionario. Con 8 votos a favor y 2 abstenciones, fijaron el viernes como fecha de acuerdo ante la propuesta elaborada por el diputado Jorge San Martino, de Recrear.
El jefe de Gobierno deberá explicar los 12 hechos en los que, según la acusación de la comisión, habría incurrido en mal desempeño de sus funciones: entre ellos se menciona la “ineficiente política de habilitación”, los problemas con los sumarios administrativos y la falta de respuesta a las advertencias de la Defensoría del Pueblo, la Legislatura y la Auditoría.
Los voceros del jefe de Gobierno no se mostraron sorprendidos. “Esperábamos la oportunidad de explicar lo actuado antes, durante y después de la tragedia y ahora la tenemos. Ibarra va a preparar personalmente su defensa, aunque todavía no se determinó cómo se la presentará”, explicaron.
Además de la convocatoria a Ibarra, los integrantes de la comisión citaron para el 29 de agosto a la síndica general de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, sobre quien también se recomendó que se inicie juicio político.