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Un juez de Mar del Plata hizo lugar al pedido de una mujer que no quiere que le realicen prácticas médicas “cruentas e invasivas” para mantenerla con vida. La paciente padece una enfermedad irreversible y progresiva y dejó asentada su voluntad ante un escribano. Pero para que su decisión no sea cuestionada por familiares ni médicos optó por presentar un amparo en la Justicia. El caso reactualiza el debate sobre los llamados “testamentos vitales” o “manifestaciones de última voluntad”, en los que una persona deja por escrito qué tipo de tratamientos rechaza si se encuentra en estado terminal. Para especialistas en bioética no es necesario que sean refrendados por un magistrado. “La judicialización de la medicina es el principio del fin del acto médico”, objetó Carlos Gherardi, presidente del Comité de Etica del Hospital de Clínicas.
Aunque todavía no son frecuentes en el país, los testamentos vitales se están extendiendo, señaló a Página/12 el abogado Ignacio Maglio, a cargo de la Sección Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz, desde donde ha hecho más de una docena en los últimos años a pacientes internados. “Se rubrican dos ejemplares: uno queda para la familia y el otro se incorpora a la historia clínica. En general, hay acuerdo entre el paciente y sus familiares, son decisiones que se conversan”, contó Maglio. Estos documentos, aclaró, “les sirven a los equipos de salud para mitigar el síndrome judicial, es decir, el temor a que sean acusados de abandono de persona”.
El caso que reactualizó el tema tuvo lugar en Mar del Plata, donde una mujer con una enfermedad terminal –cuya identidad se mantiene en reserva– presentó un recurso de amparo a través del cual solicitó no ser sometida a “intervenciones cruentas e invasivas” para prolongar su vida. El pedido llegó al Juzgado de Transición en lo Criminal Nº 1, encabezado por Pedro Hooft, un magistrado especializado en bioética que se caracteriza por posiciones liberales. “La mujer adoptó tal decisión con total conciencia y en pleno estado de lucidez y lo dejó asentado como testamento vital ante escribanos. Para que no se cuestione su voluntad es que interpuso el recurso ante el juzgado”, explicó Hooft, quien aclaró que no se trata de un caso de eutanasia. El magistrado destacó que la paciente “acepta la atención médica pero no intervenciones cruentas e invasivas que la mantendrían lejos del afecto de sus seres queridos”.
Maglio, abogado del Muñiz, explicó que los testamentos vitales –como el que suscribió la mujer marplatense– se inscriben dentro de los llamados derechos fundamentales y personalísimos: “El paciente tiene derecho a disponer de su cuerpo y a morir dignamente”, indicó.
En Argentina no existe una legislación específica como en otros países, pero los especialistas en bioética sostienen que los testamentos vitales son absolutamente legales y no se requiere que la voluntad del paciente cuente con un permiso judicial. Cualquier persona, aclaró Hooft, “está en condiciones y tiene derecho a elegir qué intervención acepta: está contemplado en jurisprudencia legal y en bioética”, indicó. El juez opinó que es “insostenible” la postura de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y de algunos jueces que consideran que se debe mantener a un paciente con vida por más que no tenga razón y conciencia. “Estas posturas no cumplen con el derecho de autodeterminación”, recalcó Hooft.
“Los testamentos vitales funcionan de la misma manera que las escrituras que llevan en su billetera los Testigos de Jehová, donde está asentado que no aceptan ser sometidos a una transfusión de sangre”, señaló a Página/12 Gherardi, presidente del Comité de Bioética de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Para Maglio, que el caso de Mar del Plata haya llegado a un tribunal “es un ejemplo de la mala costumbre de pedir autorización para actos lícitos”. De todas formas, la decisión de la mujer de recurrir a un amparo se entiende en la resistencia de muchos equipos médicos de cumplir con la voluntad de los pacientes, por temor a demandas judiciales.
Desde hace varios años existen en el Congreso varios proyectos que buscan reglamentar el uso de testamentos vitales, pero ninguno ha prosperado. Una de estas iniciativas fue presentada por la diputada Lucrecia Monteagudo, del Partido Intransigente, y se encuentra en estudio en la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Apunta a que las personas dejen expresada su voluntad de morir evitando el “encarnizamiento terapéutico”, precisó la legisladora a este diario. En diversos países ya rigen normativas de ese tipo, como en los Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, España, Suiza y Dinamarca. La ley danesa, de 1992, obliga al médico a consultar un Archivo Informático Central de Testamentos Vitales y es considerada como uno de los modelos más eficaces.