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La declaración de la Conferencia Episcopal Argentina contra el proyecto de ley nacional de educación sexual, publicada ayer por Página/12, no es la única presión que en estos días reciben los diputados: la Comisión de Familia está recibiendo en estos días una lluvia de correos electrónicos de militantes católicos que reclaman una audiencia pública previa al tratamiento del tema. “Parten de un prejuicio importante: no quieren la educación sexual en la currícula obligatoria y le dejan el espacio a los laboratorios, que hacen charlas en las escuelas y ocupan el lugar del Estado, con criterios más comerciales que educativos –dijo la diputada justicialista Silvia Martínez, titular de esa comisión–. Además, están confundidos, porque el Congreso no tiene prevista la figura de la audiencia pública, como la Legislatura porteña.” Otras diputadas de esa comisión rechazaron lisa y llanamente la declaración, a la que consideraron como “amenazantes” y “antidemocráticos”.
El Secretariado Nacional para la Familia de la Conferencia Episcopal Argentina emitió el miércoles un documento en el que insta a los legisladores “que por decisión de la ciudadanía abandonarán las bancas el próximo 10 de diciembre, se abstengan de intentar aprobar proyectos que en su oportunidad fueron rechazados por los argentinos”. Se refieren a “proyectos de ley que vulneran los derechos y obligaciones de la familia, la patria potestad y la libertad de enseñanza”, eufemismos con los que se refieren al proyecto de educación sexual, que acaba de ser aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación de Diputados.
El proyecto de educación sexual que trata el Congreso es una ley marco que pone en marcha en todo el país un requisito exigido por otra norma, la Ley de Salud Reproductiva. Arribar al consenso para que la iniciativa salga llevó casi un año de trabajo: el miércoles último fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación. El resultado fue un proyecto mucho más moderado que el que impulsa el kirchnerismo, con apoyo del centroizquierda, en la ciudad de Buenos Aires: si bien establece la educación sexual obligatoria en colegios públicos y privados de todo el país, y en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el terciario, deja la implementación en manos del Consejo Federal de Educación, que deberá “adecuar los contenidos a cada distrito” del país. La metodología de aplicación, en tanto, será definida por cada comunidad educativa, es decir, los padres y docentes de década escuela. Para que la ley pueda ser sancionada este año, Familia debe aplicar el dictamen antes del 18 de noviembre.
“La declaración de la Conferencia Episcopal es una injerencia arbitraria en uno de los poderes del Estado”, dijo a este diario la diputada Laura Musa, del ARI, integrante de la Comisión de Niñez, Mujer y Familia de la Cámara baja. “Los diputados no tenemos una concepción de familia como la de la Iglesia Católica o ninguna otra iglesia, sino como la que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, dijo. Y se preguntó: “¿Por qué la Iglesia no defendía a la familia cuando por la ley de Patronato (ahora derogada) los jueces separaban a los niños de sus hogares, por razones asistenciales, y los internaban en institutos de menores? ¿Será porque muchos de esos institutos, que reciben fondos del Estado, son administrados por la Iglesia?”, se preguntó Musa. Sólo en la provincia de Buenos Aires hay 14 mil niños internados en esas condiciones.
En cuanto a la patria potestad que, según la Iglesia, estaría vulnerada con la aplicación de la educación sexual, la diputada María Elena Barbagelata (socialista), también integrante de la comisión, recordó que el mismo conflicto se planteó en la Ciudad de Buenos Aires con la Ley de Salud Reproductiva, cuando la Iglesia cuestionó la entrega de anticonceptivos a adolescentes. “la controversia fue resuelta con un fallo ejemplar del Tribunal Superior de Justicia porteño, en favor e la aplicación de la ley”. La ofensiva de la Iglesia, en estos días, incluye un aluvión de mails que piden una audiencia pública para debatir el tema. Una maniobra con finalidad dilatoria, que se aplicó con resultado exitoso en la ciudad de Buenos Aires, con la presentación de 21 mil firmas con ese pedido, cuando la Legislatura ya había consultado en 2004 a los sectores involucrados. La diferencia es que a nivel nacional, no está contemplado ese mecanismo de consulta.
Otra arista de campaña de la Iglesia fue la serie de expresiones del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, que ayer cargó contra el ministro de Salud, Ginés González García: “Su intolerancia y su fundamentalismo son cosa de admiración. Es este un defecto bastante frecuente entre quienes se creen progresistas”. También acusó al ministro de “hacer jugar a la ruleta rusa” a los jóvenes al promover el uso de preservativos. Antes, Ginés había calificado al obispo de “fanático” y “gorila” por sus expresiones acerca de la educación sexual como una forma de “corrupción sexual de los jóvenes”. Esa polémica se había originado en la entrega de anticonceptivos y preservativos a algunos alumnos de 7º grado en una escuela de La Plata. Ayer, un vocero de la Iglesia dijo que se evalúa denunciar a las escuelas que distribuyen ese tipo de matrial. En tanto, el director de Escuelas bonaerense, Mario Oporto, calificó el hecho como “un caso aislado”.