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La promulgación de nuevas leyes inducidas por la Convención sobre los Derechos del Niño es una medida decisiva para proteger los derechos de la infancia. Aprobada el 20 de noviembre de 1989, la Convención es el tratado internacional de derechos humanos con mayor aceptación en la historia. El 16º aniversario encuentra a la Argentina con una importante cuenta saldada: la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Un estudio de Unicef en 62 países revela que casi un tercio ha incorporado cláusulas importantes sobre los derechos de la infancia en sus constituciones y casi la mitad de los países ha adoptado códigos o leyes generales sobre la niñez. Hoy, la Argentina celebra, con especial alegría, ser uno de ellos, mientras aguarda, expectante, que la ley sea reglamentada, para que se efectivice la derogación de las prácticas institucionales del patronato. La creación operativa de la nueva institucionalidad, anunciada por la ley, requiere ser hecha por mentes frescas y abiertas, sin contaminación con las prácticas que se pretenden cambiar.
La tarea de inspirar las leyes en la Convención no concluye con una ley especializada para la niñez. Otras normas jurídicas necesitan tener como horizonte ético a la Convención. Tal es el caso del financiamiento del sistema educativo, por estos días en discusión en el Congreso de la Nación. Es necesario que los objetivos de inclusión y equidad, principios éticos que se desprenden del carácter universal de los derechos, primen a la hora del debate. Apoyar financieramente con prioridad y de forma sostenida la educación básica universal, que comprende el bachillerato, es un compromiso del Gobierno y de la sociedad, expresado en metas exigentes de inclusión que la Argentina se ha trazado para el año 2015. Esto requiere del Estado una política de financiamiento clara y explícita, que asegure los recursos que ese nivel educativo necesita para incluir a todos, particularmente a los adolescentes, a las posibilidades de futuro.
Queda por delante, también, otro desafío: establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil acorde con la Convención y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. A tiempo de abrir un horizonte de oportunidades de protección integral, por el trabajo articulado de las políticas sociales y una educación básica de calidad, el Estado tiene que dotarse de instrumentos jurídicos apropiados para aplicar una mano justa a los adolescentes que transgredieren la ley.
Vale la pena, a tiempo de celebrar este aniversario, recordar los desafíos pendientes, que tienen también en la Convención, su fuente de inspiración.

* Representante de Unicef en la Argentina.