Un integrante de la Fuerza Aérea boliviana, que se desempeñó en el cargo de agregado aeronáutico en la embajada de ese país en la Argentina, fue acusado de distribuir videos con pornografía infantil por Internet desde su casa del barrio de Palermo. Ahora fue llamado a declaración indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, que se declaró competente en el caso debido a que la causa judicial se inició durante su trabajo como diplomático. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia informaron que se trata de un ex diplomático, aunque aún pertenece a la fuerza.

Germán Valenzuela Lemaitre recibió su acreditación como agregado aeronáutico de la Embajada de Bolivia el 29 de enero de 2004, cuando todavía era teniente coronel. Más tarde fue ascendido. Su tarea era establecer vínculos con la Fuerza Aérea argentina, pero según la acusación que es investigada por la Corte Suprema, también utilizaba una conexión a Internet de su vivienda de la calle Oro para ofrecer videos pornográficos en los que participaban menores de edad.

El primer dato sobre el supuesto delito lo tuvo el Departamento de Interpol de la policía alemana. Desde allí detectaron que por medio de un IP argentino, es decir de una dirección electrónica, se distribuían archivos de video con pornografía infantil. La información fue remitida a la Policía Federal, de la que intervino la División de Delitos en Tecnología y Análisis Criminal y que trabajó a las órdenes de la jueza nacional en lo Criminal Alicia Iermini.

La investigación logró determinar que el IP correspondía a una empresa de cablemódem y que se la proveía a Germán Valenzuela Lemaitre, cliente del servicio. La jueza y la policía se toparon con un obstáculo cuando quisieron seguir adelante con el caso. El 30 de abril de 2005 intentaron realizar un allanamiento en la casa del teniente coronel y se encontraron con que interpuso su status de diplomático y el artículo 37 de la Convención de Viena, según el cual gozaba de inmunidad y su domicilio era inviolable. La norma internacional también fue citada en esa oportunidad por la Cancillería boliviana, desde donde pidieron a la Argentina que antes de revisar la casa “la República Argentina debía requerir la conformidad del Estado boliviano para renunciar a la inmunidad”, según informaron ayer desde La Paz. El allanamiento quedó en la nada.

Ante esa situación, la jueza se declaró incompetente y remitió la causa a la Corte Suprema, debido a que entendía que era el tribunal con competencia en el caso. Así, el 4 de agosto del año pasado, Luis González Warcalde, procurador ante el tribunal, consideró que como estaba acreditado el rango diplomático del investigado, la causa “concierne a la jurisdicción originaria de la Corte”. Y expresó que “si continuara a cargo de la Justicia ordinaria podría afectarse la delicadeza de las relaciones y el trato respetuoso que merecen las potencias extranjeras”.

Más tarde, el 20 de diciembre, con las firmas de los ministros Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti, la Corte dictó la sentencia en la que dispuso recibir declaración indagatoria de Valenzuela Lemaitre y que la Cancillería requiera a Bolivia “la conformidad correspondiente para que Valenzuela pueda ser sometido a la jurisdicción de este Tribunal”.

Los pasos procesales eran los correctos, pero tal vez no lo suficientemente veloces. Fuentes de la Cancillería argentina indicaron a Página/12 que recibieron el pedido del Poder Judicial el pasado 6 de febrero y que cuatro días más tarde enviaron “una notificación formal a la Embajada de Bolivia solicitando que Valenzuela Lemaitre se presentara a un juicio sin inmunidad”. Sin embargo, el diplomático ya no era tal desde el 31 de diciembre de 2005.

Hasta ayer los funcionarios bolivianos no habían respondido al pedido argentino. Sí saben que el militar ya no está en la Argentina y que dejó de cumplir funciones como diplomático. En un comunicado, la Cancillería boliviana manifestó que “predispuso toda la colaboración a las autoridadesargentinas en lo que fuese necesario” y sostuvo que “es interés del gobierno de Bolivia que los hechos que motivaron la investigación sean aclarados en su integridad”.