El Consejo de la Magistratura suspendió y envió a juicio político al juez federal de Zapala Rubén Caro por su “mal desempeño” en el caso Carrasco, el conscripto asesinado en 1994, hecho que marcó el final del servicio militar obligatorio. El juicio fue aprobado por doce votos contra cuatro y se realizará en el término máximo de seis meses. Fue el primer juez que tuvo la causa.

La legisladora del Frente para la Victoria Diana Conti, quien votó a favor del juicio, explicó a Página/12 que “quedó demostrado que la mala práctica que se le imputa es haber renunciado a su jurisdicción dejándolo todo en manos del Ejército. Se demostró que pudo haber investigado correctamente, pero se guió por una investigacion armada”, afirmó.

A favor del juicio votaron, además de Conti, los legisladores Federico Storani, Miguel Angel Pichetto, Marcela Rodríguez, Nicolás Fernández, Carlos Kunkel, y el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha. A ellos se sumaron el juez federal salteño Miguel Cornejo, los abogados Beinusz Szmukler y Lino Palacio, y los académicos Humberto Quiroga Lavié y Juan Geminiani.

En cambio, el abogado Luis Pereyra Duarte y los jueces Claudio Kipper, Victoria Pérez Tognola y Bindo Caviglione Fraga se inclinaron por rechazar la acusación y confirmar al juez en el cargo.

El 30 de noviembre del año pasado, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó un dictamen acusatorio contra Caro, en una votación que incluso terminó empatada y fue definida por el voto doble de la presidenta de la Comisión, la legisladora del ARI Marcela Rodríguez.

El dictamen, impulsado por el ex consejero Juan Mínguez embestía contra el presunto mal desempeño del juez de Zapala en la investigación por el asesinato del soldado Carrasco, ocurrido el 6 de marzo de 1994 en la guarnición militar neuquina. La acusación imputaba al magistrado, ahora suspendido, de haber consentido “una investigación paralela del Ejército y pérdida de pruebas por incompetencia y por gravísimas dilaciones en la toma de declaración de dos testigos”.

El tratamiento del expediente por el plenario había sido suspendido en dos oportunidades, una a fines de 2005 y la otra el 10 de febrero pasado. Finalmente, ayer se resolvió la suspensión que, según los plazos reglamentarios del cuerpo creado por la Reforma Constitucional de 1994, deberá desembocar en el juicio político en un plazo máximo de seis meses.

A pocos días de cumplirse doce años del crimen del joven conscripto de 18 años, ya no quedan detenidos. En 2000, los ex soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar, condenados a 10 años de prisión, recuperaron la libertad por la aplicación de la ley del 2x1. En 2004, fue el subteniente Ignacio Canevaro –en principio condenado a 15 años– quien quedó en libertad condicional por “haber cumplido las dos terceras partes de su condena”, dijo en aquel momento el fiscal Manuel de Reyes Balboa. Y en 2005 siete ex militares fueron sobreseídos porque la causa, después de 11 años, prescribió.

Caro fue el primero de los tantos jueces que desfilaron por la causa, pero a raíz de los cuestionamientos que tuvo por “enterrar” el expediente, dejó el caso en 1996 acusando ser víctima de “violencia moral”.