El Consejo de la Magistratura abrió un expediente contra el juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia por un supuesto pedido de coima de 4 millones de dólares a una empresa dedicada a juegos de azar a la que hasta ayer investigaba por contrabando. El disparador fue una denuncia penal que presentó el fiscal federal Carlos Rívolo ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, en base a una cámara oculta registrada por la firma destinataria del presunto pedido de soborno. Rívolo aseguró que las personas involucradas son Tiscornia, con “una imputación de cohecho agravado”, su padre –un ex juez civil que estuvo preso por irregularidades en la tramitación de causas– y un intermediario, acusados de “tráfico de influencias en función de cohecho”.

Tiscornia resolvió ayer apartarse de la causa en la que investigaba a la filial argentina de la española Codere S.A. porque consideró que la denuncia de Rívolo, que trascendió por los medios, lo colocaba en una situación de “violencia moral”. El juez, de todos modos, rechazó “categóricamente” la acusación que lo involucra en un pedido de coima para beneficiar a la empresa, que es la que explota los bingos y tragamonedas en la provincia de Buenos Aires.

La denuncia en el Consejo de la Magistratura, que podría promover su juicio político, fue presentada por uno de sus integrantes, un representante del sector de los abogados, Eduardo Orio. Paralelamente, el juez Canicoba Corral analiza las responsabilidades penales en función de la presentación del fiscal. El magistrado ordenó allanamientos y espera los resultados de cruces de llamados telefónicos, que podrían sumar datos.

Por lo pronto, las pruebas más fuertes comprometerían al padre del juez, Agustín Ernesto Tiscornia –que estuvo en la cárcel en 1969– y a Jorge Barck, el hombre que actuó como intermediario. Barck es quien habría quedado filmado pidiendo los 4 millones de dólares a cambio de que el juez no procesara a los directivos de la compañía. Hablaba con un emisario que había mandado, con cámara escondida, el vicepresidente de Codere, Héctor Luna, quien es patrocinado por el abogado Hugo Wortman.

Desde que asumió como juez, en 1993, Tiscornia tuvo múltiples denuncias, entre otros casos por manejos en el expediente sobre la aduana paralela. Tuvo un juicio político, en el que fue absuelto por el peronismo, y también se sorteó en 2004 una acusación en el Consejo de la Magistratura.