Dos años en la cárcel de Olmos llevaba Walter Daniel Miño, acusado de homicidio, cuando la Justicia decidió absolverlo. Ahora, el principal acusado por el crimen es su hermano, quien se encuentra prófugo. Los dos años de encierro injustificado tal vez se hubiesen evitado si los jueces hubieran escuchado a los testigos correspondientes presentados por la víctima de la Justicia.

Walter Miño, de 29 años, estaba acusado de haber asesinado en octubre del 2003 a Daniel Santolíquido, de 22 años, de una puñalada en el pecho durante una pelea en Gregorio de Laferrère, La Matanza. Todo se originó en una riña que se desarrolló en la esquina de la casa de los Miño.

Según lo que aceptó ahora la Justicia, mientras Walter se bañaba, escuchó la pelea en la que participaba su hermano Héctor, por lo que salió a la calle. Como los testigos vieron a los dos hermanos en el lugar, la policía consiguió órdenes de captura para ambos. Pero jamás pudieron dar con Héctor. Sólo Walter fue detenido por ese hecho el 8 de marzo de 2004.

En los alegatos, los fiscales Claudio Polero y Julio Panzoni sostuvieron que en las audiencias se comprobó que el verdadero asesino era el hermano del imputado. Entonces, al no haber acusación en su contra, los jueces Alfredo Drocchi, Néstor Bue Roca y Nora Volpicina ordenaron la libertad de Walter.

Según contó el abogado defensor, Hugo López Carribero, “los jueces le pidieron perdón a Walter no sólo porque estuvo preso cuando era inocente sino, también, por los dos años que tardó en llegar el juicio oral”. “Fue una verdadera injusticia, ésta es una causa que podría haberse resuelto en seis meses o a lo sumo un año”, agregó.

Incluso durante la misma instrucción del caso, los testigos dejaron en claro en sus declaraciones que el autor del crimen era Héctor. Una de los testigos expresó al dar testimonio: “Yo no entiendo por qué lo metieron preso a Walter”. Hasta él, en una ampliación de su declaración, delató e incriminó a su hermano al afirmar que vio que tenía un cuchillo sin mango ensangrentado en la mano y que le dijo “le di”, en referencia a la puñalada.

El responsable de la instrucción judicial fue el fiscal Mario Maza, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, y el juez de Garantías que convalidó su actuación fue Marcelo Dau.