La Justicia denegó una indemnización a los familiares de las cuatro víctimas de la “masacre de Wilde”, uno de los episodios más trágicos de la historia penal reciente, ocurrido en 1994. Como la medida fue apelada, el fallo no está firme, pero si la Cámara confirma la decisión el caso quedará definitivamente cerrado, sin culpables tras las rejas ni indemnización para los damnificados.

La Justicia Penal ya había sobreseído a una docena de policías bonaerenses sospechados de haber protagonizado la balacera que terminó con la vida de dos supuestos ladrones, un remisero y un librero que pasaban por el lugar, el 10 de enero de 1994.

Pero un juzgado civil de La Plata rechazó un planteo de los familiares, que pretendían que el Estado bonaerense se hiciera cargo de una reparación económica por esas muertes.

Todo ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando un grupo de policías de Lanús disparó más de 200 tiros sobre dos autos al confundir a sus integrantes con delincuentes. Como consecuencia de los balazos murieron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza, quienes habrían tenido antecedentes policiales. También recibió siete tiros el librero Edgardo Cicutín, que pasaba por el lugar.

Pese a que la Bonaerense informó que fue un “enfrentamiento armado”, las pericias balísticas realizadas por la Gendarmería dieron cuenta de que las víctimas no estaban armadas y que dos de los fusilados fueron rematados fuera de los vehículos.

Doce policías fueron procesados, pero terminaron sobreseídos. El abogado de Corbo, Gustavo Romano Duffau, pidió sin éxito la reapertura de la investigación.

La causa penal no fue reabierta y la semana pasada la Justicia de primera instancia en lo civil rechazó la demanda de la indemnización.