El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la condena contra el gobierno porteño, que debe indemnizar a los familiares de un empleado del Hospital Muñiz, muerto tras contagiarse una enfermedad infecciosa. Según un fallo, la familia de la víctima percibirá, además de la indemnización por los daños, un adicional para el tratamiento psicológico que deberá cuantificar la Cámara del fuero, que había resuelto que la familia se atendiera en hospitales públicos.

La demanda fue presentada por los familiares de la víctima “a raíz de una enfermedad contraída durante su desempeño como cerrajero en el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz”, donde “además cumplía tareas de camillero y de limpieza, en horario extraordinario”. El hombre murió el 14 de diciembre de 1999, cuando tenía 45 años.

La sentencia del TSJ declaró, además, la inconstitucionalidad del artículo de la ley 24.557, en cuanto dispone topes indemnizatorios para los resarcimientos civiles. La sentencia del tribunal confirma que “el gobierno (porteño) era responsable, tanto si se considera el caso como de responsabilidad contractual, como extracontractual”. Argumenta que “la actividad del difunto era riesgosa y dada la peligrosidad de esas funciones el empleador debió probar acabadamente la configuración de alguna causal idónea para eximirse del supuesto de responsabilidad”.

Pero en la instancia anterior, la sentencia disponía que los “actores sean atendidos en forma gratuita en un hospital público, para cuyo cumplimiento el gobierno debe garantizar a los actores las prestaciones profesionales en los términos indicados por el perito psicólogo”. Los jueces de la máxima instancia judicial porteña evaluaron que la familia vive en Lomas de Zamora y que por su situación particular, sumada a los gastos de traslado y tipo de tratamiento, esa disposición podría tornarse de cumplimiento imposible.

En consecuencia, ordenaron a la Cámara que fijara el monto del resarcimiento para afrontar adecuadamente el tratamiento psicológico que, según probaron pericias médicas, debe apuntar a resolver la incapacidad que sufrieron los familiares tras la muerte del hombre.

La decisión fue adoptada, en fallo dividido, por los jueces Alicia Ruiz, Ana María Conde, Julio Maier, José Casás y Luis Lozano. Con anterioridad, el gobierno porteño debió pagar una indemnización record de 830 mil pesos a una médica que se contagió sida al pincharse con una aguja.