El proyecto de ley declarará la emergencia ambiental de la cuenca, creará una autoridad de aplicación tripartita, entre la Nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que será presidida por Picolotti. Ese organismo deberá ejecutar el presupuesto y ejercer el poder de policía para aplicar sanciones a las industrias que contaminen.

Será entonces el lunes el próximo paso político en torno del proyecto para liberar de contaminantes a ese curso de agua. Luego, los gobiernos deberán explicitar en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema para el 5 de septiembre cómo harán para recuperar la cuenca. La Corte recibió el jueves el informe unificado de las tres jurisdicciones que contempla el plan de saneamiento.