Tres ex funcionarios de segunda línea del gobierno porteño serán sometidos a juicio oral por la tragedia de Cromañón. Ante un tribunal deberán sentarse en el banquillo de los acusados la ex secretaria de Fiscalización y Control comunal, Fabiana Fiszbin; la ex directora adjunta de Fiscalización y Control porteña, Ana María Fernández, y el ex director general de Fiscalización y Control, Juan Torres. El trío está acusado de un delito excarcelable, el de violación de los deberes de funcionario público. Con esta medida, la jueza María Angélica Crotto evita que por el paso del tiempo prescriba la acción penal en su contra. Los padres de las víctimas temían que si no se producía la elevación a juicio esto ocurriera al cumplirse dos años –el máximo de pena para ese delito– del comienzo de la investigación.

Estos tres ex funcionarios de Aníbal Ibarra, el destituido jefe de Gobierno de la ciudad, serán los únicos que llegan al juicio. El que fue su superior, Juan Carlos López, ex secretario de Seguridad, ya fue sobreseído en la causa judicial, pero el fiscal Joaquín Gasset apeló la medida, ahora bajo el análisis de la Cámara de Casación Penal. Por su parte, la jueza Crotto dará vista de la elevación a juicio al resto de las partes. Esto implica que tanto los abogados de los padres querellantes, la propia fiscalía y los defensores de Fiszbin, Fernández y Torres pueden realizar observaciones y planteos al Tribunal Oral antes del juicio.

Fiszbin, Fernández y Torres se suman, de esta manera, a una lista que componen el ex gerenciador de Cromañón, Omar Chabán; su mano derecha Raúl Villarreal; los integrantes de Callejeros y cinco policías federales que serán sometidos a juicio oral por la tragedia. La noche del incendio Chabán escapó del lugar y fue detenido casi un día después. Ahora es el único detenido en la causa, acusado del delito de “estrago doloso” y “cohecho activo” (pago de coimas). Si es encontrado culpable en un juicio podría ser condenado a 25 años de cárcel.

Villarreal sigue imputado aunque la Justicia le otorgó el beneficio de la excarcelación hasta el comienzo del juicio. Los cinco policías están sin prisión preventiva acusados de “cohecho pasivo” (cobro de coimas) e incumplimiento de los deberes de sus funciones: son los comisarios Miguel Angel Belay y Gabriel Sevald, el subcomisario Carlos Díaz y los suboficiales Ramón Sosa y Cristian Villegas. Los últimos en ser procesados por “estrago doloso” fueron los siete integrantes de la banda de rock: Patricio Santos Fontanet, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, Christian Torrejón, Daniel Cardell y Elio Delgado; y su manager Diego Algañaraz. Los que ya fueron sobreseídos por la jueza Crotto han sido Aníbal Ibarra, el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y el hermano de Chabán, Yamil Chabán.

Ayer la defensa de Callejeros presentó un escrito ante la jueza en el que intenta demostrar que el recital del 30 de diciembre de 2004, que terminó en tragedia, no fue organizado por ellos sino por Chabán. Su abogado, Eduardo Guarna, busca que la jueza Crotto cambie la calificación penal que pesa sobre sus defendidos, esto es “estrago doloso seguido de muerte”, que contempla una pena máxima de 20 años de cárcel. “Los elementos aportados tienden a introducir el cambio de óptica judicial respecto a la banda y su relación con el ex gerente”, dice el escrito.

En él el defensor de Callejeros asegura que Chabán “tenía la exclusiva capacidad de decisión sobre los distintos aspectos que hacen a la relación contractual entre los músicos y el explotador del boliche”. Guarna revela que su idea es “revertir el concepto de que Callejeros aprovechó la relación con Chabán para actuar en Cromañón a fin de burlar el control de las autoridades gubernamentales”. El abogado señaló que Chabán fue quien pagó los aportes a la Obra Social de Músicos, “tanto por las actuaciones en Cemento como en República Cromañón”.