Si el escenario no hubiera sido la cárcel sino otro –digamos una discoteca, un estadio, una escuela–, el escándalo ya se habría llevado a más de un funcionario. Porque, ¿cómo explicar que el sitio donde murieron por el fuego 33 personas no tenía habilitación definitiva, entre otras cosas porque el sistema contra incendios era inutilizable? ¿O que esa situación se informó dos veces pero no se hizo nada? ¿O que no se realizó, por falta de fondos, ningún estudio sobre la toxicidad de los colchones de poliuretano, cuya combustión provocó la mayoría de las muertes? A un año de una de las peores tragedias carcelarias de la historia en el país, el CELS produjo un informe basado en datos extraídos de la causa penal y del sumario administrativo en curso. Allí se advierte que, más allá de la desaprensión con que actuaron aquella noche los guardiacárceles, dejando morir a los presos, las condiciones de encarcelamiento en esta flamante unidad “de bajo costo” preanunciaban la tragedia, pero todas las alarmas fueron desatendidas en el apresuramiento por resolver la superpoblación carcelaria.

Fue la noche del 15 de octubre de 2005. Dos internos empezaron una discusión en el pabellón 16 de la Unidad 28. Los guardiacárceles entraron y realizaron disparos con munición de goma, tras lo cual se desató el incendio, que se expandió rápidamente. Fueron rescatados únicamente los presos que estaban más cerca de la puerta: el resto quedó encerrado y murió por inhalar los gases tóxicos que generó la combustión de los colchones. Sólo dos de ellos tenían una condena firme; el resto estaba procesado, en general por delitos contra la propiedad. Casi todos tenían menos de 26 años.

Recientemente, el juez Guillermo Atencio ordenó la detención de quince guardiacárceles –uno de los cuales sigue prófugo–, a quienes acusó de “abandono de persona seguido de muerte”.

El informe producido por el CELS –que obtuvo acceso al expediente administrativo y también representa en la causa penal a la madre de un preso fallecido– analiza las precarias condiciones de detención que subyacen al desastre y apunta más arriba. “Lo que planteamos –sostiene Rodrigo Borda, abogado de la institución– es que la responsabilidad llega a lo más alto del poder político. El lugar que se incendió era relativamente nuevo, pero tenía numerosas deficiencias. La política del gobierno provincial es construir estos módulos de bajo costo que salen baratos porque son muy precarios. Pero además, hubo una decisión de acelerar la habilitación: se llenó de gente un lugar que no era habitable porque no tenía sistema antiincendio. El riesgo que se corre con esta política es que la gente se muera. La tragedia de Magdalena era previsible y evitable.”

Entre las condiciones que terminaron en esa tragedia el informe destaca las siguientes:

- Sin espacio: El módulo ocupaba una superficie de 20 por 30 metros. Es decir que los 120 internos destinados a este sector se acomodaban en 600 metros cuadrados en total. Restando las áreas destinadas a salas de control, los detenidos disponían de casi cuatro metros cuadrados por persona, menos de la mitad de lo establecido por los estándares internacionales. Las 58 personas alojadas en el pabellón 16B compartían el uso de tres letrinas.

- Sin habilitación: El módulo incendiado nunca llegó a contar con el final de obra. El director de Infraestructura Edilicia del SPB informó en el sumario administrativo interno que “la obra en cuestión no posee recepción definitiva-final de obra”. Claudio Olivero –jefe de la División de Seguridad Laboral de la Secretaría de Higiene y Seguridad Laboral del SPB, al tiempo de la entrega parcial de las obras– afirmó que los módulos “no se encontraban habitables fundamentalmente porque no poseían disyuntores ni el certificado de la puesta a tierra, ni la prueba hidráulica de desagüe, ni la aprobación de la red de incendios, ni agua potable, tampoco la prueba de hermeticidad en la línea de gas”.

- Con apuro: Según surge de la declaración de varios funcionarios en el sumario administrativo, la decisión de alojar personas en esas condiciones respondió a las presiones políticas existentes ante la emergencia carcelaria. Jorge Octavio Ruiz –ex jefe del Departamento de Obras de la Dirección de Construcciones y Mantenimiento– destacó que “hubo expresas directivas del Señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires, señor Ministro de Justicia, señor Subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social, señor Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense y del señor Director de Construcciones y mantenimiento para acelerar las fechas de entrega de los módulos de la Unidad 28 de Magdalena”.

- Sin sistema de incendios: Entre las tareas que el mismo SPB observó como faltantes para la habilitación definitiva de las obras, se encontraban, precisamente la provisión e instalación del equipo de bombas para presión para incendio de arranque automático y la aprobación de la red de incendios en su conjunto, por las autoridades de Bomberos de la provincia de Buenos Aires. La Secretaría de Higiene y Seguridad Laboral del SPB realizó dos inspecciones, en junio de 2003 y junio de 2004, donde se asentó que no funcionaba el sistema de lucha contra incendios de los nuevos módulos. Pero se limitaron a remitir informes y no se tomó ninguna acción. En 2005 no hubo inspecciones.

- Sin pruebas de toxicidad: El elevado nivel de toxicidad de los gases que generó la combustión de los colchones de poliuretano con los que contaban los internos resultó la principal causal de su muerte, pero no se había efectuado ningún control sobre este punto. En este sentido, Claudio Olivero –jefe de la División de Seguridad Laboral de la Secretaría de Higiene y Seguridad Laboral del SPB entre el 2002 y septiembre de 2004– respondió en el sumario administrativo que la prueba no se realizó en virtud de no contarse con los medios económicos.