Dentro de diez días, un grupo de representantes del Estado tiene que viajar a Washington para explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los avances en el caso AMIA. Los funcionarios estaban convencidos de que, esta vez, irían a mostrar sólo progresos. Pero el jueves pasado el Consejo de la Magistratura les dio un disgusto: en su plenario decidió archivar la investigación contra el juez federal Claudio Bonadío en la que estaba acusado de haber obstruido durante cinco años el esclarecimiento de las irregularidades en la causa sobre el atentado.

La decisión del Consejo de cerrar este expediente contra Bonadío tiene un costado desconcertante: pese a que no favorece al Gobierno ante la CIDH, la absolución del juez fue impulsada por el senador oficialista Miguel Pichetto y apoyada por la mayoría de los consejeros kirchneristas, incluido el representante del Ejecutivo, Joaquín Da Rocha. El único K que no votó fue Carlos Kunkel, quien abandonó el recinto antes de la votación. “Esto ya es demasiado para mí”, le susurró a otro consejero mientras se iba.

A Bonadío le había tocado, en el 2000, hacerse cargo de la investigación sobre las maniobras que desviaron la causa del ataque a la AMIA. Tenía que analizar la conducta de Juan José Galeano y de funcionarios menemistas. En 2003, el entonces titular de la Unidad Especial AMIA, Alejandro Rúa, lo denunció en el Consejo por haber tenido la causa paralizada, por negarle tanto a él como a la Oficina Anticorrupción el acceso al expediente y por omitir, especialmente, analizar la responsabilidad del ex ministro del Interior, Carlos Corach. Bonadío trabajó con Corach como su segundo, en la Secretaría Legal y Técnica en los ’90.

Bonadío tardó cinco años en llamar a indagatorias: esperó a que se conociera la sentencia del Tribunal Oral Nº 3, que puso en evidencia una trama de encubrimiento del atentado, y a que estuviera encaminado el juicio político a Galeano. Aun así, después suspendió los llamados. Finalmente la Cámara del Crimen resolvió apartarlo del caso, justamente por su relación con Corach. El expediente pasó al juez federal Ariel Lijo.

En la Magistratura, las denuncias contra Bonadío tuvieron un trámite poco habitual: saltearon los filtros y fueron directo a la Comisión de Disciplina, que sólo puede proponer sanciones, a lo sumo multas. La Comisión de Acusación, cuando estaba presidida por la diputada Marcela Rodríguez (ARI), reclamó su competencia por considerar que los cargos eran demasiado graves. Sin embargo, el plenario del organismo rechazó el traspaso en octubre del año pasado. Por entonces, circulaba entre los consejeros la versión de que quien se encargaba de hacer gestiones para aligerar la situación de Bonadío era el ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

Iribarne y Bonadío tienen en común haber trabajado con Corach durante el gobierno de Menem. El actual titular de Justicia fue viceministro de Interior hasta 1997. También comparten un rival: Alejandro Rúa. Iribarne le hizo una denuncia después que el ex funcionario lo responsabilizara de que “cayó el impulso” a la causa AMIA desde su asunción como ministro.

El año pasado el Gobierno reconoció en un decreto su responsabilidad en el encubrimiento del atentado a la AMIA y se comprometió a investigar. Esta declaración fue la respuesta al proceso abierto en la CIDH a partir de una denuncia de Memoria Activa y el CELS. El organismo abrió un proceso de solución amistosa donde la Argentina debe rendir cuentas periódicamente. Los encargados del tema son el director de Derechos Humanos de Cancillería, Horacio Méndez Carreras, el actual titular de la Unidad AMIA, Alejandro Slokar, y otra funcionaria del área, Andrea Gualde. Ellos le reclamaban al Consejo una definición sobre Bonadío. No esperaban un archivo de la investigación. Lo ven como una “contradicción y una inconsistencia”.

En el último plenario se votó un dictamen de Pichetto para archivar los cargos contra Bonadío, que decía que no hay indicios de que haya demorado la pesquisa y destacaba que durante su actuación la causa llegó a tener 45 cuerpos y 9 mil fojas. La diputada Rodríguez advirtió, con ironía, que “si para acreditar que un juez investigó bastara con contar el número de fojas y cuerpos, podría afirmarse que las investigaciones de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra la sede de la AMIA fueron las más exitosas de la historia. Sin embargo, ninguna de ellas esclareció los hechos”.

Pichetto expuso su defensa el jueves en el Consejo, donde afirmó que el juez actuó “correctamente”. El abogado Beinusz Szmukler señaló que Bonadío “debió haberse excusado por haber sido colaborador de Corach”. Sólo tres consejeros votaron contra el archivo de las actuaciones: Rodríguez, Szmukler y el abogado Luis Pereyra Duarte. Hubo doce votos a favor del juez.

El 24 de octubre, la delegación del Gobierno podrá exponer ante la CIDH que el juez Lijo procesó al ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy; al ex juez Galeano, a los fiscales de la causa AMIA, a Carlos Telleldín y al ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros. Los acusó armar una historia sobre el atentado a través de maniobras como el pago de 400 mil dólares a Telleldín. Las pruebas, al parecer, estaban a la vista y Lijo hizo en unos meses lo que su colega no había hecho en casi cinco años. Así las cosas, probablemente los representantes oficiales tendrán que explicar en Washington cómo es que Bonadío fue finalmente exculpado.