Doce personas fueron detenidas por su presunta participación en el incendio de los Tribunales de Corral de Bustos, en una protesta popular tras la violación y muerte de una niña, en diciembre último, entre ellas un hermano del ex jugador de fútbol Oscar Ruggeri. En aquella ocasión la furia vecinal apuntó contra la Justicia local, ya que dos de los acusados por el crimen –el padrastro de la niña y su hermano– habían sido denunciados por reiterados hechos, sin que los jueces hubieran tomado intervención.

La medida fue adoptada por el fiscal de Instrucción de Marcos Juárez, Carlos Viramonte, con jurisdicción en Corral de Bustos, donde el 4 de diciembre un millar de pobladores destruyeron e incendiaron el edificio de Tribunales e incendiaron el automóvil del juez Jorge Farías.

Tras recibir numerosos testimonios y observar las imágenes captadas por fotógrafos y camarógrafos de distintos medios, y en el marco de lo dispuesto por el fiscal general de la provincia, Gustavo Vidal Lascano, el fiscal Viramonte individualizó a algunos de los responsables y libró las órdenes de captura contra ellos.

A las ocho personas detenidas semanas atrás, entre los cuales figuran dos periodistas de Corral de Bustos, en las últimas horas fueron apresadas otras once personas, entre ellas Raúl Alberto Ruggeri, hermano del ex jugador de fútbol. En diálogo con radio Universidad y tras advertir que “todavía falta gente por individualizar”, el fiscal confirmó esta tarde que Ruggeri está imputado como “instigador y coautor de incendio doblemente calificado y lesiones leves en riña”.

En relación con las otras personas precisó que están acusadas como sospechosas de distintos delitos, “pero fundamentalmente de incendio doblemente calificado, lesiones leves en riña y, en algunos casos, por fabricación y tenencia de bombas o materiales capaces de causar estragos”. En cuanto a los periodistas detenidos la semana pasada, Walter Hugo Franceschini y Néstor Omar Pasquini, quienes trabajan en radios locales, el fiscal reveló que hoy ordenó ampliar la imputación original por el delito de fabricación y tenencia de bombas o materiales capaces de causar estragos. En caso de ser declarados responsables de los delitos que se les imputan, podrían ser condenados a penas que oscilan entre los cinco y 15 años de cárcel.

La pueblada en esa ciudad de poco más de doce mil habitantes comenzó con una protesta a raíz de la muerte de Ariana Sabache, de tres años, cuyo cadáver tenía evidencias de golpes y abusos sexuales. En la causa fueron detenidos su madre, el padrastro y un hermano del padrastro, los que están acusados de homicidio simple y agravado por el vínculo.