José Linqueo Catalán, el patovica acusado de asesinar a golpes a Martín Castellucci, continuará detenido hasta que comience el juicio oral. Así lo resolvió el juez de Instrucción de Lomas de Zamora, Daniel Viggiano, que además fijó una caución por 93 mil pesos contra el único detenido por el crimen del joven, ocurrido en diciembre pasado en el boliche La Casona, de Lanús. En los mismos tribunales se abrió una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el intendente local. Si el caso prospera, Manuel Quindimil tendría que dar explicaciones por una ordenanza aprobada en 1999, que establecía regulaciones al personal de seguridad de los boliches del distrito, pero que él nunca promulgó.

La denuncia no sólo alcanza al jefe comunal sino que afecta al secretario de Gobierno y al presidente del Concejo Deliberante en ejercicio en esa época. Todos estarían involucrados en el supuesto extravío del expediente. La ordenanza, aprobada por unanimidad por los miembros del cuerpo deliberativo, establecía la creación de un registro de inscripción de personal de seguridad y los obligaba a participar de cursos de formación en materia de derechos humanos y resolución de conflictos, entre otros puntos. Además, la propuesta preveía clausuras parciales y definitivas en caso de violación a la norma.

A tres días de cumplirse el plazo del Ejecutivo para vetar o promulgar la norma, el intendente lo reenvió al Concejo a pedido del titular del cuerpo. “De ahí en más, la ordenanza entró en una nebulosa. Luego con el tiempo se encontró archivada”, relató a Página/12 el concejal del ARI Mario Amore, que encabeza el pedido en la Justicia. “El intendente es responsable de sancionar, publicar y promulgar las normas. Si él no la promulgó, en ese momento tendría que haber sido promulgada automáticamente al cumplirse el plazo de 10 días. En ese caso, estaríamos frente al incumplimiento de una norma”, explicó el edil.

El debate sobre la ordenanza archivada se instaló en la agenda política local debido a las repercusiones que generó el asesinato de Castellucci en el boliche La Casona. El caso, además, animó a los vecinos y jóvenes del distrito a denunciar los maltratos, la discriminación y la violencia física ejercida por los patovicas del local.

“Sin duda, el dictado de prisión preventiva que hizo el juez es un paso importante en la causa y nos alienta en la búsqueda de justicia, pero es sólo un paso. Falta mucho y hay otros involucrados en esto”, sostuvo el padre de la víctima, Oscar Castellucci, a Página/12. En ese sentido, solicitó a la Justicia evalúe si “algún funcionario de la municipalidad omitió su función de control” en cuanto a la obligación de garantizar la seguridad en el local.

También cargó contra el dueño del boliche, Atilio Amado, a quien vincula con el círculo judicial y político local, quien, según Castellucci, generó las condiciones para que ocurriera el crimen. El boliche fue clausurado en forma definitiva a fines de diciembre del año pasado a través de un decreto del intendente. Unas horas antes de esa determinación, un grupo de vecinos y habitués del lugar destruyó el local luego de que se conociera la liberación de uno de los dos patovicas detenidos en un primer momento.

“Hay una serie de factores concurrentes que llevaron a la muerte de Martín, que tienen que ver con el dueño del local en cuanto a su responsabilidad de generar las condiciones y al encubrimiento que se pretendió hacer del caso; y con la Policía Bonaerense, que estaba en la puerta y no cumplió con defender los intereses de Martín”, detalló.

A la hora de dictaminar la prisión preventiva, el juez Viggiano tomó la pericia médica que demuestra “los golpes que provocaron la muerte del joven, aplicados en la cabeza y en el rostro”. A su vez, a Catalán le jugó en contra su condición de boxeador e instructor de esa disciplina, lo que según los fiscales agrava su situación, ya que su mano es un arma letal. La causa quedó caratulada como homicidio simple.