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Dos fiscales pidieron la indagatoria de los responsables de una estación de servicio de Barrio Norte por la presunta violación de la ley de residuos peligrosos, y contaminación del suelo y napas. Se trata de la Shell de Libertador y Cerrito, que ya nació bajo la polémica: fue construida con un dudoso trámite bajo la autopista. El caso que tuvo ahora un empujón se inició en marzo de 2000, cuando se detectó olor a hidrocarburos en la toma de agua de un edificio cercano. La solicitud de los fiscales se basa en diversos informes técnicos de los que surge “de manera categórica la contaminación del suelo y las napas que el filtrado de hidrocarburos produjo” y las consecuencias no sólo para los vecinos afectados “sino para la salud de la población en general”.
El 27 de marzo de 2000, los vecinos del Edificio Torre, ubicado en Avenida del Libertador 602, denunciaron que el agua potable tenía un extraño color oscuro y un olor desagradable. A partir de allí, una evaluación preliminar del gobierno porteño había evidenciado “la existencia de riesgo de explosión e hidrocarburos componentes de nafta en el efluente extraído del sótano” del edificio, según explicaron los fiscales en el dictamen que le presentaron al juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Luego del reclamo, la expendedora había sido clausurada, pero poco tiempo después fue puesta nuevamente en funcionamiento.
La estación de servicio de la empresa Shell, situada exactamente debajo de la autopista Illia, fue una de las tantas sospechadas de no cumplir con las necesarias condiciones de seguridad y también había estado en el ojo de la tormenta por presuntas irregularidades en su habilitación durante la gestión del ex intendente Carlos Grosso. Ya en 1995 registraba una capacidad de almacenamiento de 150.000 litros de combustible y había sido cuestionada por un informe de la Superintendencia de Bomberos.
En setiembre de 1999, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad elevó una actuación y en noviembre la Dirección General de Habilitaciones y Verificaciones alertó que “la estación no posee cámaras interceptoras para posibles derrames de hidrocarburos”. En abril de este año, una nueva resolución de la Defensoría recomendaba continuar las investigaciones.
Ahora, los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pretenden que se escuche en calidad de imputados a los responsables de la despachadora de combustible y consideran un grave daño al derecho de salud la existencia de estas emanaciones tóxicas. La resolución menciona una serie de análisis técnicos que permitió determinar que tanto en el edificio de Libertador 602 como en inmediaciones de la estación de servicio había una “efectiva presencia de hidrocarburos incluidos entre las sustancias previstas por la ley 24051”, es decir, de la norma que regula los residuos peligrosos.
Las pruebas recolectadas señalan “de manera categórica la contaminación del suelo y las napas que el filtrado de hidrocarburos produjo y las consecuencias dañosas que tal circunstancia tiene no sólo para los moradores del Edificio Torre sino para la salud de la población en general”. Por eso, los fiscales creen que existe el suficiente “estado de sospecha” para que los responsables de la estación de servicio aclaren su supuesta participación en una declaración indagatoria.