“Walter Bulacio se murió solo.” Displicente, como si fuera el dueño de la verdad, el abogado penalista Pablo Argibay Molina, ex defensor de Alfredo Yabrán, se refirió así al caso Bulacio, un paradigma de la violencia institucional en la Argentina. La investigación judicial, en buena parte por la multitud de “chicanas” procesales planteadas por Argibay Molina –defensor del único imputado, el comisario retirado Miguel Angel Espósito–, se cerró con escándalo, por prescripción de la acción penal, en noviembre de 2002. En octubre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado argentino “continuar y concluir las investigaciones para sancionar a los responsables de todas las violaciones a los derechos humanos” que sufrió el joven Bulacio, que tenía 17 años cuando murió, en 1991. La Justicia argentina, intimada de nuevo por la CIDH en diciembre de 2004, todavía no condenó a nadie, pero ayer, al menos, confirmó en segunda instancia que Argibay Molina tiene que apartarse de la causa por “las dilaciones en las que incurrió” a lo largo de un proceso que lleva 15 años. Argibay, fiel a su estilo de juego, es probable que apele la decisión ante la Corte Suprema de Justicia.

“Nunca como en esta causa ha quedado tan claramente demostrado a quiénes protege y a quiénes victimiza el Poder Judicial argentino. El objetivo fijado por la defensa hace muchos años se está cumpliendo, y podrá probablemente el doctor Pablo Argibay Molina congratularse por demostrar una vez más que en este sistema –su sistema– el éxito formal acompaña al pícaro funcional y al poderoso. No tenemos nosotros ni la familia Bulacio poder ni picardía. Pero tenemos toda la razón.” El 18 de mayo de 2002, ante la inminencia del cierre del caso Bulacio por parte de la Justicia argentina, los abogados de la familia del joven, María del Carmen Verdú y Daniel Stragá, que pertenecen a la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), publicaron una nota de opinión en Página/12, en la cual pusieron en el primer plano al abogado de Espósito.

En 2002, la fiscal de la causa, Mónica Cuñarro, había solicitado el apartamiento de Argibay Molina por entender que el letrado había “obstruido el trámite normal del juicio”.

“Estaba claro, desde el primer momento, que el abogado defensor de Espósito sólo quiso entorpecer la causa para llegar, como llegó, a la prescripción”, le dijo a este diario el abogado Stragá. La causa tuvo una lenta agonía de once años y medio hasta que la Cámara del Crimen declaró “extinguida la acción penal (contra Espósito) por prescripción” en noviembre de 2002.

En 1996, la fiscal Cuñarro había pedido una pena de 15 años para el comisario Espósito, titular de la comisaría 53ª de la Policía Federal la noche del 21 de abril de 1991, cuando Walter fue detenido cuando intentaba ingresar al Estadio Obras, a un recital de Los Redonditos de Ricota. Bulacio murió el 26 de abril en el Sanatorio Mitre, luego de haber sufrido una indisposición cuando estaba en la comisaría. Varios chicos denunciaron que habían sido golpeados esa noche, aunque Argibay Molina le dijo a la revista La Primera, en agosto de 2001, que del expediente surgiría que el chico “se murió solo” y que “nadie lo tocó”. Además de ser abogado defensor de Alfredo Yabrán, hasta su muerte, Argibay Molina representó al ex presidente Carlos Menem.