Al final, Evo Morales cumplirá su compromiso y viajará hoy a Brasil para reunirse con su par, Lula da Silva. El viaje fue confirmado ayer por el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, que informó que el tema del precio del gas no será el único que tratarán ambos mandatarios y que la agenda bilateral incluye múltiples asuntos. Aunque no se informó sobre los temas que se tratarán, en la tarde de ayer un equipo de técnicos bolivianos terminaba de confeccionar un dossier de motivos por los cuales Brasil debe aumentar por lo menos en un dólar el precio actual del gas que compra a Bolivia (4 dólares por millón de BTU). Por su parte, Da Silva intentará convencer a Morales de que es mejor ampliar la agenda de integración energética y unir proyectos hidroeléctricos, como el de la construcción de una represa sobre el río Madeira, que produciría 3000 megavatios/hora. Sin embargo, este proyecto tiene serias observaciones de grupos ecologistas, que advierten sobre el impacto que tendrá sobre la Amazonia.

Se tiene prevista la firma de un convenio para la conservación de la cuenca amazónica y otros proyectos de vinculación caminera conjunta.

Pero el tema central será el precio del gas. Morales confía en que la negociación con Brasil sea similar a la ya cerrada con Argentina. Pese a que durante el año pasado los técnicos de ambos países mantenían diferencias que parecían difíciles de salvar, una negociación política entre Morales y Kirchner acabó por acercar las posiciones. En esa ocasión, el contrato con Brasil sirvió para garantizar que Bolivia tenga un flujo de 1000 millones de dólares por los próximos veinte años y como el anzuelo perfecto para cerrar los nuevos contratos con las transnacionales petroleras, que al quedarse en el país lograron yacimientos y mercados seguros.

En estos momentos, Morales necesita un efecto parecido. Su particular nacionalización de los hidrocarburos, que recupera su propiedad, pero no los medios de producción, está siendo cuestionada desde dentro y desde fuera del gobierno. Por un lado, zonas de producción como Camiri y Yacuiba (Chaco boliviano) reclaman una “verdadera nacionalización” y, por otro, los propios errores de Morales evitan que se protocolicen los nuevos contratos para permitir que las arcas nacionales tengan un flujo mayor de dinero. El conflicto, en este campo, ya ha costado la renuncia del presidente de la empresa estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz, y el fin de semana pasado estuvieron a punto de cobrarse el cargo del ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas. El problema es que Ortiz descubrió pequeños errores en los contratos que fueron aprobados por el Congreso boliviano y no fue escuchado a tiempo. También tenía diferencias con el resto del Ejecutivo sobre las características de la nueva YPFB, por lo que prefirió marcharse. En su lugar asumió Manuel Morales Olivera, justo la persona que tuvo a su cargo la redacción de los nuevos contratos y que incurrió en errores técnicos.

Pero además, Morales Olivera no cumple con los requisitos para presidir Yacimientos, ya que no tiene un título universitario. Eso hace susceptible a que todos sus actos sean impugnados como nulos de pleno derecho y las empresas internacionales que trabajan en Bolivia teman que firmar cuarenta y tres contratos con él sea un acto fallido, ya que legalmente no tendrían validez. El presidente Morales no cambiará a su nuevo ejecutivo, pese a que Villegas ya le ha hecho notar estas fallas. La salida de Ortiz de YPFB también ha perjudicado la negociación con Brasil, ya que es experto en contratos internacionales y había sido el que había dirigido la negociación con el coloso. Además, al haber trabajado durante más de quince años en el sector privado, incluyendo a Petrobras, conoce a la perfección la lógica de cada una de las compañías con las que le tocaba negociar. Es por eso que con el ingreso de Morales Olivera, toda la negociación ha vuelto a un punto muerto. Evo Morales confía en que su relación con Lula sea suficiente para revivirla.