El contrato de aeropuertos obtuvo ayer el aval del Congreso, respaldo necesario para que prospere el acuerdo por el cual AA2000 se transformará en una sociedad mixta con gerenciamiento privado gracias a la capitalización de deudas del concesionario a favor del Estado. A instancia del oficialismo, el Senado dio rápido respaldo en el recinto. A última hora del día, hizo lo propio Diputados, evitando la cuestionada sanción ficta: aquella que se obtiene por el solo transcurso de los sesenta días de ingresado el texto para la consideración parlamentaria y que hubiera generado cierta vulnerabilidad legal al nuevo contrato.

El procedimiento fue seguido muy de cerca por las dos partes involucradas en el nuevo contrato: el Gobierno, que buscó afanosamente ese aval a través de los legisladores afines, y la empresa de Eduardo Eurnekian, cuyos ejecutivos no perdieron un minuto de las sesiones en ambos recintos. La impaciencia es tal que algunos ejecutivos de Aeropuertos consideraban que el nuevo contrato tiene vigencia desde hoy, olvidando que aún faltan ciertas formalidades para que eso sea posible.

En el Senado, el dictamen en mayoría que produjo la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas tuvo un rápido respaldo, gracias a la abrumadora mayoría del PJ y a pesar de los cuestionamientos del radicalismo y de algún que otro opositor, el socialista Rubén Giustiniani entre ellos. En Diputados el debate fue algo más extenso, pero produjo el mismo resultado: con 129 votos a favor, rubricó el remozado contrato, que abre las puertas para el ingreso del Estado en Aeropuertos Argentina 2000.

Lo medular es el saldo de reclamos cruzados entre el Estado y la empresa y que dio como resultado 849 millones de pesos a favor de aquél, en su mayor parte pagaderos en acciones preferidas (496,16 millones de pesos, equivalentes al 58,43 por ciento de la deuda) y obligaciones negociables también convertibles en títulos de propiedad (158 millones de pesos). Así el Estado se cobra lo que de otro modo quizá sería incobrable, aunque a través de un mecanismo discutido en varios puntos por la oposición.

En el pronunciamiento en minoría, el radicalismo cuestiona que se haya arribado a un arreglo con un concesionario con millonaria mora de canon e inversiones. El senador de ese partido Alfredo Martínez apuntó ayer ante Página/12 una objeción adicional: que la deuda empresaria acumulada se haya ajustado con un magro punitorio del 2 por ciento anual, algo que habría favorecido al grupo de Eurnekian y Sea tanto como perjudicó al fisco.

Las condiciones globales en las que operará la empresa mixta son a priori más favorables que las previstas en la concesión original, del año 1998. El canon fijo de 171 millones de pesos (o dólares) se reconvirtió en una contribución equivalente al 15 por ciento de los ingresos, por lo tanto sujeta a la evolución del negocio y que, según las propias y generosas estimaciones de la empresa, podría llegar a los 120 millones de pesos.

Las inversiones, equivalentes a 2200 millones de pesos hasta el año 2028, tampoco estarán ceñidas a un plan de obras fijo, sino que se irán amoldando a los requerimientos del negocio, lo que de algún modo implica una prerrogativa adicional. “Esto permitirá una recategorización de los aeropuertos al grupo A... conforme a las normas de la OACI”, se entusiasmaron los oficialistas en el dictamen mayoritario, donde los hombres del PJ hacen suyo el argumento de que, debido a la crisis que sufrió la aviación mundial tras los atentados a las Torres Gemelas, la operación de las estaciones aéreas fue menos redituable de lo que se había previsto.

Lo que saben los legisladores y tienen en cuenta el propio gobierno y la empresa es que si esta nueva versión contractual no hubiera tenido el aval expreso del Parlamento, quedaría algún resquicio para que los detractores lo denunciaran judicialmente. Un artículo constitucional considera que la única forma válida de expresión de la voluntad parlamentaria es el pronunciamento expreso en el recinto a través de la votación, algo que muy pocos contratos de privatizadas han conseguido.

El mix de tasas pesificadas, para cabotaje, y dolarizadas, para los vuelos internacionales, permitiría sostener la ecuación de un negocio que por sus características resulta políticamente menos sensible que la prestación de otros servicios básicos domiciliarios. Finalmente, con la aprobación parlamentaria de ayer se habilita una fórmula que posiblemente la administración kirchnerista vuelva a utilizar en otros casos, empezando por el de Aerolíneas Argentinas: para cobrar acreencias de operadores privados el Estado se asocia a ellos, sin priorizar la rentabilidad del negocio que asume.