Ecuador tendrá su Asamblea Constituyente. Después de semanas de negociaciones, manifestaciones y sesiones parlamentarias canceladas, el Congreso aprobó la consulta popular, que había convocado en las primeras horas de su gobierno Rafael Correa. La votación no estuvo exenta del dramatismo de los últimos días. Ante la inminencia de la aprobación de la consulta, los legisladores contrarios a la Constituyente –alrededor del 40 por ciento de la Cámara– decidieron retirarse del recinto, denunciando un supuesto acuerdo entre el Ejecutivo y el Partido Sociedad Patriótica del ex presidente Lucio Gutiérrez y las demás fuerzas minoritarias de izquierda que lo apoyaron. Ajenos a estas intrigas, unos cuatro mil ecuatorianos festejaron durante horas frente el Palacio Presidencial.

Esta vez la sesión fue corta y no hubo más interrupciones que la salida de los 42 diputados de los partidos Social Cristiano (PSC) y Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian). Después de la fallida sesión de anteayer y ante la amenaza del gobierno de anunciar una salida alternativa que dejara afuera al Congreso, las fuerzas más cercanas al Ejecutivo decidieron apurar las negociaciones y aprobar la consulta. La propuesta la presentó Sociedad Patriótica (SP) y la apoyaron el Partido Roldosista Ecuatoriano del ex presidente Abdalá Bucaram, algunos diputados de la opositora Unión Demócrata Cristiana y las fuerzas minoritarias de izquierda, como el partido indígena Pachacutik. Más tarde, el Tribunal Electoral Supremo le puso fecha a la consulta: 15 de abril. Según el nuevo estatuto, la elección de los constituyentes deberá realizarse a más tardar a mediados de agosto.

Sin ningún diputado en la Cámara y habiendo apostado gran parte de su capital político a la realización de la Constituyente, el oficialismo tuvo que ceder algunas ambiciones y hacer algunos compromisos para conseguir la aprobación de la consulta. El estatuto votado ayer no es exactamente igual al que habían redactado los asesores de Correa. Los legisladores recortaron los poderes de la futura Constituyente, que no podrá revocar los mandatos del Ejecutivo ni del Legislativo. “Lo que queremos es que se respete el mandato popular de la última elección”, explicó el vicepresidente del Congreso y militante de SP, Edison Chávez, en diálogo con este diario. Además, las reformas deberán ser ratificadas por un referéndum. Por otra parte, los legisladores decidieron eliminar la mayoría de los requisitos para las candidaturas de los constituyentes. Ya no habrá que presentar firmas ni cumplir las cuotas de edad y género, que había propuesto Correa para asegurar una representación equilibrada de todos los sectores.

Para el investigador de Flacso Simon Pachano, los partidos políticos intentaron acentuar la fragmentación del electorado ecuatoriano. “Se trata de una estrategia para evitar que el oficialismo consiga una mayoría propia”, explicó el analista, destacando que ahora la lista de candidatos será interminable. El estatuto aprobado ayer establece que todas las reformas de la Constituyente deberán ser aprobadas por mayoría absoluta, en vez de los dos tercios que pedían los conservadores Prian y PSC. “Además, con una mayoría propia, el oficialismo podría hacer que la Constituyente se declarase plenipotenciaria”, agregó Pachano. Chávez, el vicepresidente del Congreso, también se mostró preocupado. “Son los riesgos que se corren al convocar una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Son los riesgos de la democracia”, señaló.

Además de los cambios en el estatuto, el gobierno también tuvo que hacer algunos compromisos. Oficialmente, desde que el Tribunal Supremo le envió el decreto de la convocatoria de la consulta al Congreso, el ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, se reunió dos veces con los legisladores. Extraoficialmente, el diálogo fue continuo. Según el PSC, parte del acuerdo entre el Ejecutivo y SP sería la entrega del cargo de contralor de la Nación, una especie de auditor general del Estado. En los próximos días, Correa debe elegir entre una terna de candidatos, todos afines al partido del ex presidente Gutiérrez. “Nos retiramos de la sesión porque no había un diálogo franco; el gobierno ya había llegado a un acuerdo con los diputados de izquierda y con los del partido de Lucio Gutiérrez,” le dijo a Página/12 el diputado socialcristiano Luis Francisco Torres.

El presunto acuerdo, sin embargo, no le compraría una mayoría estable al gobierno. Tanto Pachano como Torres coinciden en que, más allá de las negociaciones por la consulta popular, la mayoría parlamentaria que se creó ayer no se mantendrá en los futuros debates. “Sociedad Patriótica no acompañará en todo al gobierno porque Gutiérrez sabe que junto al presidente Correa se desgastará”, aseguró Torres, quien augura que los cambios profundos que se avecinan llevarán al país a una crisis económica y política. Para Pachano, en cambio, la supuesta alianza no se mantendrá porque el gobierno perdería su credibilidad ante el movimiento popular si queda expuesto algún tipo de acuerdo. “De todas maneras, lo de ayer fue un triunfo del Ejecutivo”, sostuvo el analista.