Hoy, ante el Tribunal Oral Nº 1, comienza el juicio por la muerte de Florencia Moller Rombolá, de 9 años, ahogada en la pileta del club All Boys el 12 de febrero de 2001. No es un proceso común: por primera vez ante un tribunal oral la acusación contra tres de los cinco acusados estará a cargo de la familia querellante y no tendrá fiscal. El representante del Ministerio Público, el fiscal Juan Manuel Sansone, sólo estará presente para acusar a dos de los acusados, la profesora de educación física Cecilia Privato y la guardavidas Giselle Vanesa Kamenetzky, la parte más delgada del hilo según los padres de Florencia. Sansone pidió el sobreseimiento del presidente de la cadena Megatlon, Fernando Storchi; del coordinador general de deportes, Julio Giraldi; y del ex presidente de All Boys Horacio Bugallo.

El 12 de febrero de 2001, Florencia asistió a tomar su cuarta clase de natación en la piscina del club. De las declaraciones de los chicos se desprende que la bañera Kamenetzky atendía a diferentes grupos de chicos y que en un momento desatendió el cuidado de Florencia. A tal punto que fueron los compañeritos de Florencia los que le avisaron que la chiquita estaba al fondo de la pileta en una posición que parecía sentada.

El fiscal Sansone, el mismo que realiza la instrucción por Cromañón, cargó toda la responsabilidad sobre Kamenetzky y su superior, la profesoa de educación física Cecilia Privato. Para Sansone, ni Storchi, ni Giraldi, ni Bugallo tenían vinculación con la muerte de la niña, y pidió su sobreseimiento.

Pero para los padres de la niña, Alejandro Moller y Marisa Rombolá, precisamente Storchi, Giraldi y Bugallo eran los mayores responsables, según la acusación de Alejo Ramos Padilla –abogado de los padres–, y privilegiaron el lucro en desmedro de las medidas de seguridad que dispone la ley. La acusación familiar hizo base en el incumplimiento de obligaciones que fue la que provocó la desatención con la posterior muerte de Florencia. Por ejemplo, citaron que por ley “tiene que haber dos bañeros por pileta ubicados en una plataforma que permita la visualización, y en este caso había sólo una bañera y la plataforma ni siquiera existía.”

La propia bañera llegó a quejarse ante las autoridades porque durante su trabajo se le exigían diferentes tareas simultáneas, lo que dificultaba aún más la atención que debía poner en los niños.

Según los padres, “el fiscal cortó el hilo por lo más delgado. Los empresarios y directivos, que diariamente generaban este riesgo criminal, incumplían la ley, lo que determinó la muerte de nuestra hija”.

Cuando el fiscal Sansone pidió el sobreseimiento de Storchi, Giraldi y Bugallo, el abogado Ramos Padilla logró torcer el rumbo, evitar el desprocesamiento y generar lo que en instancias judiciales es absolutamente novedoso: que se realice un juicio sin fiscal.

Es decir, el juicio oral que coloca al presidente de Megatlon, Fernando Storchi; al coordinador general de deportes, Julio Giraldi, y al ex presidente de All Boys, Horacio Bugallo, ante los jueces del Tribunal Oral Nº 1, Martín Vázquez Acuña, Luis Salas y Alberto Huarte Petite, tiene como acusadores a Alejandro Moller y Marisa Rombolá, los padres de la víctima, representados por Alejo Ramos Padilla. Según el abogado, una de las incidencias que solicitará al tribunal al iniciar el juicio es que el fiscal Sansone no se ubique en el mismo sector que los familiares querellantes “por intereses contrapuestos”. De acuerdo con ese pedido, el fiscal debería “sentarse en el mismo plano que la defensa de los tres imputados principales”.

Por su lado, tanto Sansone como los padres de Florencia acusarán a la profesora de educación física, Cecilia Privato, y a la bañera, Vanesa Kamenetzky, aunque la postura frente a ellos sea diametralmente opuesta. Para Sansone, ambas representan a las dos imputadas; para Ramos Padilla, la parte más delgada del hilo.

Por otro lado, en otra causa, el director general de Habilitaciones municipal, Daniel Spandonari, se encuentra procesado, acusado de graves desajustes en el proceso de habilitación de la pileta. Entre ellas, los inspectores señalaron que visitaron las instalaciones y la habilitaron, pese a que fue imposible ya que para la fecha en que lo habían hecho la pileta estaba clausurada por la muerte de Florencia.