El juez de Instrucción Alberto Baños dictó el procesamiento contra los responsables del taller del barrio porteño de Caballito, donde el 30 de marzo de 2006 un incendio causó la muerte de seis personas de nacionalidad boliviana. “Incendio culposo seguido de muerte” es la figura penal que pesa sobre Juan Correa y Luis Sillerico Condori. Este delito prevé una pena máxima de cinco años de prisión. En los fundamentos, el magistrado sostuvo que se encuentra “sobradamente demostrada” la responsabilidad de los imputados en el siniestro. Las precarias instalaciones eléctricas, las condiciones de hacinamiento en las cuales vivían los trabajadores y la falta de medidas de seguridad son algunas de las pruebas que lo llevaron a tomar esta resolución.

Los abogados de la querella consultados por Página/12 adelantaron que insistirán durante el desarrollo del juicio oral con que se los condene por homicidio simple, figura que tiene penas de entre 8 a 25 años. “Ellos tenían conciencia de las condiciones en las que vivían los trabajadores. Está probada su actitud a la promoción y facilitación de los hechos ocurridos. Había una posibilidad latente del siniestro y no hicieron nada para que esto no pasara”, explicó Miryam Carsen, una de las letradas.

Los querellantes en la causa son Luis Rodríguez Palma y Sarah Gómez Sarmiento, dos empleados del taller y víctimas del incendio en el que murió su hijo Harry Douglas, de tres años. Las otras víctimas mortales del siniestro fueron cinco personas de nacionalidad boliviana que trabajaban y vivían en el edificio ubicado en Luis Viale 1269, en el barrio porteño de Caballito.

Baños, a cargo del Juzgado en lo Criminal de Instrucción Nº 27, dictó el procesamiento de los dueños y responsables del taller. Juan Manuel Correa, de nacionalidad argentina, era el encargado de la parte comercial del negocio. En cambio, Luis Sillerico Condori, de nacionalidad boliviana, cumplía la función de buscar y contratar a los empleados. Los testimonios de los trabajadores permitieron corroborar la situación “precaria, indigna y riesgosa” en la que los empleados trabajaban. “El pago por el trabajo realizado consistía en vivienda y alimento, vales de cincuenta pesos por fin de semana y el pago de 0,70 a 1,20 peso por prenda confeccionada”, indica el fallo.

Los riesgos que implicaba vivir en habitaciones separadas unas de otras “por placas de madera tipo aglomerado, telas y elementos similares”, las condiciones de hacinamiento –habitaban el lugar alrededor de setenta personas, entre adultos y menores–, la falta de matafuegos y de otro tipo de elemento que permitiera sofocar cualquier principio de incendio en el primer piso y altillo –donde dormían las familias–, la falta de habilitación del edificio como vivienda y la precaria instalación eléctrica fueron los elementos de prueba señalados por Baños en el texto. La figura de incendio culposo seguido de muerte prevé una pena mínima de un año, que se puede extender a un máximo de cinco. Esta ampliación de la pena se da “si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de alguna persona”, según el artículo 189 del Código Penal citado por el magistrado. Baños dispuso un embargo de un millón de pesos a cada uno de los imputados.

Gabriel Chamorro, el otro representante de la querella, exhortó a investigar a los otros involucrados en el siniestro. “Esto es insuficiente. Correa y Condori representan el primer eslabón de la cadena de responsabilidades. Hay que sumar al gobierno nacional que en su función de fiscalización y policía de trabajo no cumplió con sus obligaciones, y además al gobierno porteño, que no realizó las inspecciones y tiene responsabilidad en este siniestro comparable a un segundo Cromañón”, sostuvo el letrado.

Este fallo se conoce a pocos días de que se cumpla un año de la tragedia, que volvió a evidenciar la situación de los talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo de sobrevivientes marchará “para reclamar cárcel a los asesinos y reparación a los damnificados”.

Informe: Elisabet Contrera.