El presidente del Ente de Control de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Campolongo, advirtió ayer que para poner en práctica la modificación tarifaria en los peajes de autopistas porteñas anunciado ayer por el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, es obligatoria una audiencia pública. “El Poder Ejecutivo de la ciudad está obligado por la ley 210 a llamar a una audiencia pública al haber una modificación tarifaria”, dijo Campolongo sobre el anuncio de Telerman de incrementar entre 100 y 300 por ciento el peaje de autopistas a los automovilistas sin acompañantes, en horarios pico de los días hábiles. Desde el gobierno porteño respondieron que la audiencia pública no es necesaria, ya que “no se modifica la estructura tarifaria, sino la implementación de una política para desalentar el uso del automóvil”.

Campolongo anunció que el martes presentará el reclamo para que se convoque a una audiencia en la próxima reunión de directorio del Ente de Control. A esta posición adhirió la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua), quien a través de su presidenta, Sandra González, calificó la medida como “inconstitucional”, ya que “la Constitución de la ciudad prevé que se convoque a una audiencia pública previa a cualquier modificación tarifaria”.

Desde la ciudad explicaron que el decreto 1221/04, por el que se le otorgó la administración de la autopista Illia a la empresa AUSA, habilitaba a cobrar tarifas diferenciales por bandas horarias. “De hecho, AUSA lo viene aplicando para el tránsito pesado, que paga una tarifa mayor cuando entra a la ciudad en el horario de 5 a 11.

Por su parte, el ministro de Planificación y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, aseguró que el nuevo plan de tránsito anunciado el jueves “no tiene un fin recaudatorio”.