Por “inexistencia de delito”, fue sobreseído y liberado el ciudadano boliviano Irineo Mora Sandi, quien pasó más de un año preso por tener hojas de coca para mascar. Así lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, tomando en cuenta que la Ley 23.737 autoriza expresamente la tenencia de hojas en estado natural destinadas al coqueo. La detención y procesamiento de Mora Sandi había sido dispuesta por el juez Carlos Ferreiro Pella. El caso fue dado a conocer por Página/12 y motivó una inédita presentación conjunta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Procuración Penitenciara, solicitando su libertad. Mora Sandi, por su parte, había efectuado una huelga de hambre que duró 34 días. Producida la liberación, una entidad de pueblos originarios en la Argentina, así como la titular de Derecho de los Pueblos Indígenas de la UBA, se pronunciaron en favor de que “se reglamente la venta legal de hojas de coca destinadas al coqueo y a infusiones”. La entidad Mink’akuy Tawantinsuyu Paq –Trabajo Recíproco para la Confederación del Tawantinsuyu, que comprende las cuatro regiones del antiguo Imperio Inca– se movilizará ante el Congreso de la Nación por ese objetivo.

La Sala 3 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por Carlos Alberto Nogueira y Carlos Alberto Vallefín, resolvió “sobreseer a Irineo Mora Sandi del delito previsto en el art. 5º inciso a) de la Ley 23.737, con la declaración de que no se ha afectado el buen nombre y honor del que hubiera gozado” y “ordenar la inmediata libertad del imputado”. Ese artículo castiga la tenencia de materias primas para producir estupefacientes: el juez Ferreiro Pella mantuvo preso a Mora Sandi con el argumento de que la hoja de coca en sí misma sería un precursor de la cocaína; la Cámara lo liberó porque, según el artículo 15 de esa misma ley, “la tenencia de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o a su empleo como infusión, no será considerada tenencia de estupefacientes”.

Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, consideró “sumamente grave que se haya mantenido detenida un año a una persona sin ningún fundamento razonable”. Según observó el funcionario, “eso explica que la Cámara ha tomado una decisión infrecuente, como lo es dictar el sobreseimiento in limine, simplemente porque no hubo delito. Es más común que una Cámara de Apelaciones decrete excarcelaciones, no por sobreseimiento sino por ‘falta de mérito’, entendiendo que no hay pruebas suficientes e indicando que la investigación prosiga: el sobreseimiento está marcando la irrazonabilidad de la detención”.

Ariel Cejas, director de Protección de Derechos Humanos de la misma Procuración, observó que “cualquier persona puede tener hojas de coca en su casa; máxime, una persona de nacionalidad boliviana, pueblo en cuyas raíces culturales se incluye este consumo”, y sospechó que “lamentablemente, en la detención, pudo haber influido el hecho de tratarse de una persona de nacionalidad boliviana”.

Hace unas semanas, el procurador Mugnolo y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Duhalde, habían efectuado una presentación conjunta sin precedentes, ante la Cámara de Apelaciones, para pedir la libertad de Mora Sandi, considerando que su detención constituía “una violación de derechos fundamentales de la persona”.

Tras la liberación, el embajador de Bolivia en la Argentina, Roger Ortiz Mercado, se manifestó “agradecido” por esa presentación conjunta, quiso “hacer público el reconocimiento a Página/12” por haber dado a conocer el tema y enmarcó la liberación de Mora Sandi en “una reivindicación del ser cultural que, manifestado en la práctica del coqueo, es compartido por la Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador”.

Teresa Zamudio –profesora de Derecho de los Pueblos Indígenas en la Facultad de Derecho de la UBA– advirtió que “el coqueo es también un hábito de muchos argentinos”, y afirmó que, “para que esto no vuelva a pasar, es necesario regular la venta legal de hojas de coca: en términos jurídicos, si un consumo está permitido, también debe estarlo la comercialización y la distribución: la Ley 23.737 despenaliza el uso pero deja sin regular la comercialización de la hoja de coca”.

Ante la liberación, Carmelo Sardina –titular de la entidad Mink’akuy Tawantinsuyu Paq y profesor de Quechua y Cultura de los Pueblos Originarios en la UBA– sostuvo que “continuaremos la lucha en defensa de nuestra hoja sagrada. Muchos hermanos de Bolivia, Perú y también argentinos practicamos el coqueo en las grandes ciudades: es necesario reglamentar la venta minorista de hoja de coca en Buenos Aires, tal como se la practica sin inconvenientes en Salta, Jujuy, Tucumán. Con este planteo nos vamos a movilizar ante el Congreso de la Nación”.

“No nos queda claro el pensamiento de ciertos jueces –agregó Sardina–: tal vez sea ignorancia, pero tal vez haya una doble intención en asociar siempre con la cocaína nuestra hoja sagrada.”

Mora Sandi vivía y tenía su comercio de venta de chizitos, papas fritas y otros artículos en la calle Olimpo de Lomas de Zamora, donde residen muchas personas de nacionalidad boliviana. El 30 de marzo del año pasado, su casa fue allanada y él quedó detenido por tener 5,4 kilos de hoja de coca. Una presentación de la Federació Argentina de Colectividades –suscripta por su vicepresidente, Gabriel Juricich– aclaró que de esa cantidad sólo se hubieran podido obtener 13 gramos de cocaína y que en el local allanado no había ninguna de las sustancias químicas que se utilizan en ese proceso.

En enero de este año, Mora Sandi inició una huelga de hambre que duró 34 días en procura de su liberación. Perdió más de 15 kilos y tiene dolores en la región lumbar. Según su abogado, Ramón Escobar, “aquella noche del 30 de marzo del año pasado fueron detenidos muchos ciudadanos bolivianos, y todavía quedan algunos en la misma situación que Mora Sandi”.