Domingo, 29 de abril de 2007 | Hoy
SOCIEDAD › UN ESTUDIO MUESTRA LA ALTA EXCLUSION DE MUJERES EN LA JUSTICIA
Una investigación demuestra que la exclusión femenina en la Justicia todavía es alta, sobre todo en las instancias superiores. Aquí, en detalle, la situación de género en el ámbito judicial. Mecanismos por los cuales ellas siguen quedando afuera. Y los argumentos que justifican la necesidad de un mayor número de mujeres en los tribunales.
Por Mariana Carbajal
En la Argentina avanza la feminización de la Justicia. Casi la mitad de los juzgados de primera instancia de la Justicia nacional con asiento en la Capital y de los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están ya en manos de mujeres. Sin embargo, todavía las juezas son relegadas a los fueros estrechamente relacionados con los roles sociales tradicionales de las mujeres, como el de Familia, y el área Penal se mantiene como un enclave masculino. Además, persiste la exclusión femenina de las instancias superiores y de los juzgados de mayor jerarquía y prestigio como son los federales. En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sólo hay dos mujeres en un total de 14 cargos y en los Tribunales Orales en lo Criminal se desempeñan 16 mujeres en un total de 80 puestos. No hay ninguna mujer en la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal ni tampoco en la Cámara Electoral. Nueve provincias no tienen ninguna ministra en su máximo tribunal. Expertas en el tema advierten que detrás de la aparente neutralidad en la selección de los nuevos jueces que introdujo el Consejo de la Magistratura se esconde un mecanismo que perjudica a las mujeres: desde su creación hubo 108 vacantes cubiertas por varones y sólo 47 por mujeres en los juzgados federales y nacionales que funcionan en la Capital Federal. Y hay provincias en las que no se designó a ninguna mujer. En los grandes estudios de abogados del país la discriminación es aún peor: apenas 1 de cada 20 mujeres llega a socia, contra 1 de cada 4 varones que lo logra.
Una investigación del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) –a la que tuvo acceso Página/12– revela la dispar participación de las mujeres en los órganos de administración de justicia en Argentina, a pesar del creciente ingreso femenino a la magistratura. Como muestra, el estudio detalla la ubicación femenina dentro de la Justicia nacional u ordinaria y federal con asiento en la Capital Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre la primera, segunda y tercera instancia, el total de jueces suman 638 (a fines de 2006): de ellos 230 son mujeres (36 por ciento) y 408 varones (64 por ciento). “Aunque no reflejan una situación de equidad de género, se puede considerar que hay una proporción bastante alta de mujeres en esos juzgados y tribunales comparado con una década y media atrás. Pero si uno analiza cada fuero, encuentra que sigue habiendo una división sexual del trabajo y que las mujeres ocupan mayoritariamente la base de la pirámide y disminuyen en las cúpulas”, advierte Beatriz Kohen, directora ejecutiva de ELA.
Algunos datos que muestra la radiografía de los tribunales que funcionan en la ciudad de Buenos Aires:
- Casi uno de cada dos juzgados de primera instancia de la Justicia nacional y de los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (47 por ciento) ya están en manos de mujeres. En 1991, no llegaban a uno de cada tres.
- Pero en las cámaras de apelaciones de la Justicia ordinaria ocupan poco más de un cuarto de los cargos (27 por ciento). En 1991, tenían el 12 por ciento.
- En los juzgados de primera instancia federales, las magistradas son casi el 30 por ciento. En 1991, eran apenas el 10 por ciento.
- En la Corte y cámaras de apelaciones federales no llegan al 20 por ciento. En 1991, en los de segunda instancia no alcanzaban al 10 por ciento.
“No obstante los importantes avances, la representación femenina a nivel de las instancias superiores y juzgados de mayor jerarquía y prestigio –-como son los federales– continúa siendo minoritaria y sugiere la persistencia de una segregación vertical”, señala el estudio de ELA.
La investigación encontró una mejor situación en cuanto a la participación femenina en los tribunales y juzgados federales creados más recientemente o en aquellos cuyo número se incrementó de manera considerable, “lo que estaría indicando mejores posibilidades de inserción para las mujeres en los tribunales más nuevos, tendencia ya notada en otros países”. Es el caso de la Cámara Federal de Casación Penal, donde hay 3 juezas de un total de 12 cargos, es decir, representan el 25 por ciento, de los juzgados federales de primera instancia en lo Contencioso Administrativo, donde las mujeres son incluso más que los jueces varones (7 contra 4), y de los juzgados federales de la Seguridad Social, donde hay el mismo número de juezas y magistrados (4 y 4).
Para las investigadoras de ELA, una de las razones de que las mujeres vayan ganando terreno en la Justicia tiene “estrecha vinculación” con la enorme expansión de la matrícula femenina de las universidades de Derecho que se inicia a fines de la década del ’70. Según el censo de 2004 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el 61,4 por ciento son mujeres, la misma proporción de estudiantes femeninas en el conjunto de la UBA.
Aunque hubo avances en la jurisdicción federal, el fuero “más reticente a la incorporación de las mujeres” continúa siendo el Criminal y Correccional, dentro del cual “no existe ninguna mujer en la Cámara y sólo una entre los jueces de primera instancia”, señala el estudio.
En la Justicia ordinaria, a pesar de que casi la mitad de los juzgados de primera instancia están a cargo de mujeres, se da un fenómeno que revela cierto sesgo discriminador: la mayor proporción de magistradas se da en los juzgados de Menores (71 por ciento), en lo Contencioso Administrativo (63 por ciento), en lo Civil (53 por ciento) –en particular en los que tienen especialización en Familia, 58 por ciento– y en los juzgados Laborales (51 por ciento). “Es importante destacar –puntualiza Kohen– que salvo en los juzgados en lo Contencioso Administrativo, las mayores concentraciones de juezas se dan en fueros estrechamente relacionados con los roles sociales tradicionales de las mujeres”.
Otra curiosidad: en los juzgados nacionales de segunda instancia aumentó la proporción de mujeres en casi todos los fueros, excepto en la Cámara Nacional en lo Penal Económico, donde no existe presencia femenina. Tampoco hay mujeres en los juzgados de primera instancia de este fuero.
En las cortes provinciales, las ministras son siempre minoría. Actualmente en nueve de los altos tribunales ni siquiera hay una dama: ocurre esa situación en Corrientes, Chubut, Tucumán, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santiago del Estero, San Luis y La Rioja. “Desde que me nombraron a mí en 1984 en Mendoza no designaron ninguna otra mujer en la corte. Será que el gobierno piensa que con una loca como yo, ya es bastante”, se ríe, con su habitual sentido del humor, la ministra Aída Rosa Kemelmajer de Carlucci, única integrante del superior tribunal de Mendoza. En total, hay 18 juezas en cortes provinciales y 91 varones, lo que significa que apenas el 16,5 por ciento de los cargos tienen cara de mujer, un contraste enorme frente a la proporción de juezas que se desempeñan en los fueros inferiores.
La presencia femenina en las cúpulas de las grandes empresas jurídicas del país es aún más recortada que las instancias superiores de los tribunales. En las principales firmas, las mujeres se desempeñan casi en su totalidad en la base de la pirámide jerárquica. Del análisis de la composición de los 12 estudios más importantes de la Argentina, surge que en ellos trabajan 1222 abogados, de los cuales 456 son mujeres. Pero el 95 por ciento de las mujeres figura con categoría de “asociada”, el escalón más bajo y el menos redituables económicamente (cobran un sueldo fijo y a veces una participación de las ganancias del caso en el que participan). Apenas un tres por ciento son socias, lo que significa que reciben un porcentaje de la facturación de la empresa. En cambio, entre los varones abogados, el 24 por ciento es socio. Los datos son parte de un estudio que acaba de terminar la profesora María Inés Bergoglio, titular de la Cátedra de Sociología del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba e investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la misma casa de altos estudios.
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