Las dos grandes tabacaleras enfrentan una demanda colectiva inédita en el país: se pide que sean condenadas a crear un fondo fiduciario millonario para cubrir los gastos de asistencia médica que le ocasiona al sector público y privado la atención de miles de pacientes, fumadores y ex fumadores, con enfermedades derivadas del consumo de cigarrillos. La presentación fue aceptada por la Justicia. El juicio tramita en el fuero civil porteño y fue iniciado por una entidad sin fines de lucro en representación de un empresario, que murió ocho meses atrás de cáncer de páncreas, y de su viuda, una abogada que sufre problemas respiratorios. Ambos fumaron durante 26 años: él, un total de alrededor de 187.200 cigarrillos y ella, la mitad, unos 93.200 aproximadamente.

Las compañías demandas son Nobleza Piccardo, subsidiaria de la British American Tobacco, y Ma-ssalin Particulares, firma local de la norteamericana Philip Morris. En la Argentina ninguna de las dos empresas, líderes del sector, ha perdido hasta el momento ningún juicio, a pesar de que anualmente se producen unas 40 mil muertes por enfermedades atribuibles al tabaco y científicamente está probado que el humo de tabaco ambiental es tóxico. En Estados Unidos, en cambio, ofrecieron un plan de indemnización nacional multimillonaria en 1997, en el marco de una ola de demandas iniciadas por los estados y motivada por los gastos de tratamientos de las enfermedades provocadas por el cigarrillo. El acuerdo extrajudicial fue de 200.000 millones de dólares solo con el estado de Florida.

El juicio que enfrentan Nobleza Piccardo y Massalin Particulares tramita en el Juzgado en lo Civil 49 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de Osvaldo Onofre Alvarez. El juez confirmó a Página/12 que recibió el expediente en los últimos días, debido a que originalmente había recaído en el Juzgado 61, pero su titular fue recusada “sin causa” por las demandadas. En febrero se realizó la mediación entre las partes, obligatoria en fuero civil, antes del inicio de una demanda. Y en las últimas semanas se empezaron a notificar de la existencia de la causa los organismos que podrían beneficiarse si las empresas son condenadas.

“Se trata de un proceso colectivo, donde litiga una persona a favor de muchas”, explicó a Página/12 el abogado Pedro Mollura, de la Asociación Argentina de Derecho Daños (AADD), la entidad demandante. Mollura, docente de la UBA y de la UCES, es el autor de la demanda de 405 páginas a la que tuvo acceso este diario. “No es un juicio de daños y perjuicios: es un proceso preventivo de carácter colectivo. Se busca que las tabacaleras constituyan un fondo fiduciario, no para indemnizar las muertes causadas por el cigarrillo, sino para que la renta que ese dinero genere cubra los gastos médicos por las enfermedades asociadas al tabaco que asume el Estado y la medicina privada”, aclaró. ¿Aquellas personas con alguna dolencia causada por el cigarrillo podrán aspirar a cobrar algún dinero? No –señala Mollura–, los beneficiarios, de resultar condenadas las empresas, serían prepagas, el Estado nacional y en principio la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Tierra del Fuego, La Pampa, Santa Fe, Río Negro y Buenos Aires, de acuerdo con la demanda. “Esas provincias en algún momento firmaron una especie de intención de iniciar futuras demandas por daños y perjuicios, pero por los costos del litigar no lo concretaron”, señaló Mollura. De todas formas, agregó, podrían presentarse en el juicio y reclamar ser beneficiadas también otras provincias.

En la demanda no se determina de cuánto debería ser el fondo fiduciario. Una investigación difundida por el Ministerio de Salud determinó que los costos directos anuales de la atención médica de las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco en el servicio público alcanzaban en 2001 en Argentina a casi 4900 millones de pesos, un monto que representaba el 17,6 por ciento del total de gasto de salud. Este dato está consignado en la demanda.

A las tabacaleras se les imputa que actuaron con “dolo incidental”, una figura prevista en el artículo 934 del Código Civil. “Es un engaño sutil. Hasta 1986, las tabacaleras vendían en el país los cigarrillos como inocuos. A partir de ese año, por ley, tuvieron que agregar a los paquetes la leyenda ‘fumar es perjudicial para la salud’. No es perjudicial, es peligroso. Fumar mata. Las empresas presentaron algo verdadero como falso. Aunque la venta sea legal, tienen que responder por el daño que causan”, explicó Mollura el corazón de la demanda.

El juicio se presenta en nombre de dos integrantes de la AADD: Jorge Salinas, un empresario que murió el 20 de octubre de 2006, a los 59 años, de cáncer de páncreas, diagnosticado en enero de ese año. Y también en nombre de su viuda, la abogada Emma Mendoza Vogel, que padece –según el expediente– problemas respiratorios. Tiene 52 años y vive en el barrio porteño de Palermo. En la demanda se precisa que ambos fumaron durante 26 años. El dejó en 1988 y ella en 1994. Salinas consumía un paquete (de 20 cigarrillos) diario y ella, otro cada dos días. Mollura sacó el cálculo del tiempo dedicado a fumar que dedicó el matrimonio: El, unas 15.600 horas y ella, la mitad, 7800.

“Salinas, durante su enfermedad, tuvo que afrontar un porcentaje de gastos médicos que su obra social no le cubría del todo. Mendoza Vogel, como tanta otra gente en su misma condición, enfermos en estado de inicio, crónico o agravado, generarán en el futuro gastos de asistencia médica, que serán asumidos por el Estado, la ciudad de Buenos Aires, las provincias o las empresas de medicina prepaga. Y seguramente las mismas personas enfermas deberán pagar costos que su obra social no les cubrirá. La renta anual que genere el fondo sería destinada a reintegrar lo abonado por las instituciones públicas y privadas”, indicó Mollura. El fondo fiduciario se crearía por un plazo de 30 años (según la ley 24.441), al término del cual las tabacaleras recuperarían el dinero. Este diario consultó a las dos compañías pero ninguna de las dos quiso hacer comentarios sobre el juicio.

La demanda contiene un detallado historial de la venta de cigarrillos en el país y en el mundo y las regulaciones que se han ido dictando aquí y en otros lugares, además de enumerar los componentes tóxicos del producto y su impacto en la salud de acuerdo con estudios científicos. También incluye un resumen de los principales juicios que se han iniciado en contra de la industria tabacalera. En la Argentina se estima que se presentaron más de un centenar de demandas individuales por parte de fumadores. Pero ninguna prosperó. No se conoce que Massalin Particulares ni Nobleza Piccardo hayan perdido alguna de estas demandas. Para contrarrestarlas, las tabacaleras invirtieron en la década del ’90 enormes sumas de dinero en estudios de abogados y en el desarrollo de estrategias de litigio, con asesoramiento de expertos de sus casas matrices, para evitar la mínima derrota que pudiera derivar en un aluvión de reclamos, tal como reveló Página/12 en un artículo del 5 de noviembre de 2006. Ahora, las dos firmas nuevamente han recurrido a los más caros estudios jurídicos de Buenos Aires: a Massalin la representa Marval O’Farrel y Mairal y a Nobleza, Cárdenas, Di Cio, Romero y Tersitano.