La Justicia porteña investiga las condiciones en que están internados niños, jóvenes y adultos en una clínica psiquiátrica del barrio de Palermo. La denuncia fue radicada por una defensora de menores, quien tras una inspección sorpresiva a la institución detectó, entre otras irregularidades, niños internados, sujetados con chalecos de fuerza y atados a la cama. La denuncia fue efectuada el viernes 7 de septiembre último y el mismo día concurrió al lugar el fiscal en lo Contravencional Carlos Andrés Gómez Ríos, quien pudo comprobar las “condiciones infrahumanas” en que se hallaban internados algunos pacientes, según reveló a este diario una fuente del Ministerio Público porteño. El fiscal investiga además el presunto hostigamiento de los responsables de la clínica hacia la defensora y una colaboradora que la acompañaba, para que cese la inspección.

La institución denunciada es la Clínica de Psicopatología Nuestra Señora de Luján, que funciona en la calle Cabrera 3373, en el barrio de Palermo. Se trata de una institución que tiene convenio con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, desde donde le derivan pacientes judicializados por patologías psiquiátricas.

El caso se generó a partir de la visita a la institución de la defensora pública de menores e incapaces en lo civil, María Carolina Paladini. La funcionaria concurrió al lugar, en su condición de coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación, cuya misión es supervisar las condiciones de internación de los menores alojados tanto en los llamados institutos correccionales como en clínicas psiquiátricas.

La visita, a su vez, se había originado en la denuncia presentada por la tutora pública oficial Liliana Iurman, sobre la posible sujeción de pacientes con chalecos de fuerza en esa clínica psiquiátrica. “No encontramos a este chico, ya que había sido trasladado a otra institución, pero vimos en una de las salas a una chica de 22 años enchalecada y atada con una soga a la cama, a la que una enfermera le daba la comida”, contó la defensora a Página/12. La enfermera explicó que la chica estaba en esa situación por orden médica “debido a que se tornaba muy agresiva y podía autoagredirse o agredir a terceros”.

En su denuncia, la defensora relató que la enfermera no tenía asistente y atendía sola a nueve pacientes; que las jóvenes internadas estaban “vestidas con prendas en estado deplorable” y que era “notorio el olor a orina que se encontraba en el ambiente”.

En otro sector del mismo piso, la defensora se encontró con el lugar de internación de los varones, donde “había menores y mayores juntos”, y en un pequeño cuarto, ocho personas almorzando. “Allí detectamos una puerta cerrada y cuando la abrimos vimos a un chico de 17 años que estaba maniatado a la espalda, boca abajo, atado con una soga a la cama, que cuando nos vio, levantó la cabeza y nos dijo: ‘Mamá’”, relató Paladini a este diario.

“Les pedí la orden médica que indicara esa forma de sujeción, pero dijeron que no la encontraban –agregó la funcionaria–. Al final, la enfermera reconoció que no podía con todos, entonces ataba a este chico para que después darle de comer a él solo.”

Como si ese cuadro no fuera suficiente, la funcionaria judicial detectó la presencia en el lugar de un adolescente que no presentaba un cuadro severo, como el resto de los internados. Le respondieron que se encontraba allí “en forma transitoria, debido a la falta de camas”.

Las condiciones de internación quedaron plasmadas en fotografías, que fueron tomadas por una colaboradora de la defensora. “Aunque no se tomaron fotos de pacientes, sino de las condiciones edilicias, una enfermera comenzó a increparnos y llamó al personal de seguridad”, relató Paladini. “Eran tres personas, uno de ellos, llamado Gabriel, era el más agresivo y alterado. Nos decían que estábamos en el lugar sin autorización”, agregó.

Fue entonces que, según relató Paladini, apareció el director de la institución, el médico Luis Dacuña, quien intentó justificar el clima reinante entre su personal argumentando: “Están un poco alterados, muy susceptibles, debido a las denuncias y auditorías que se hacen”.

Las cosas no terminaron allí: las dos mujeres fueron llevadas a la dirección, donde fueron interrogadas “en forma intimidatoria y amenazante” por el director, el abogado de la clínica, Germán Giménez, y el mencionado Gabriel. “No había forma de hacerles entender la función de la Comisión de Seguimiento y las inspecciones que se hacen en ese marco”, explicó Paladini.

Por esa circunstancia, la defensora presentó una denuncia en la Comisaría 21ª, por la presunta contravención de hostigamiento. Esa denuncia fue radicada en la Fiscalía Nª 5, a cargo de Carlos Gómez Ríos, quien de inmediato concurrió al lugar y comprobó que “las condiciones en que se encuentran los internos son de terror”, según confió una fuente de la fiscalía. El fiscal pidió un informe al Gobierno de la Ciudad para constatar si la clínica se encuentra correctamente habilitada. Ayer, la doctora Paladini ratificó su denuncia ante esa fiscalía.

En forma paralela, una copia de la denuncia fue girada a la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal N° 2, donde se investiga el delito de “abandono de persona”.

La sujeción de pacientes psiquiátricos no está prohibida expresamente por la ley, pero sí por la Convención Internacional sobre Salud Mental y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Como resultado de la inspección, también pudo saberse que los niños allí internados no tienen juguetes ni material didáctico.

El centro asistencial cuestionado tiene convenio con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que deriva pacientes judicializados que necesitan internación por problemas psiquiátricos. Página/12 consultó a la secretaría su opinión sobre lo ocurrido, pero no obtuvo respuesta en esa dependencia.