Mientras medita sobre su posible pase a la política de la mano de Mauricio Macri, el juez federal Guillermo Montenegro sigue detrás de la ruta del dinero de las coimas del caso Skanska e intenta reconstruir los movimientos patrimoniales de los imputados. Ayer allanó las cajas de seguridad de los ex funcionarios y directivos de la compañía que están comprendidos por la investigación. Todavía no terminó de tomar las indagatorias, algo que recién ocurriría –con suerte– a mediados de octubre.

Montenegro dispuso operativos, que se hicieron ayer en varios bancos.

No sólo alcanzaron a las cajas de seguridad de los personajes investigados, sino también de algunos familiares. Por ejemplo, en el caso del auditor de la multinacional, Claudio Corizzo, abrieron la caja de su hijo. En el del ex gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, encontraron una a su nombre y avanzaron sobre otra de su suegra. Fulvio Madaro, ex titular del Ente Nacional Regulador del Gas, no tendría caja propia, tampoco los ex CEO de Skanska Gustavo Vago y Mario Piantoni, aunque también habrían rastreado las del grupo familiar.

La investigación de Montenegro tiene dos vertientes. Una apunta a los posibles sobreprecios en las obras de los gasoductos Norte y Sur, que según la pesquisa del fiscal Carlos Stornelli podrían superar los 40 millones de dólares. Otra línea es la del pago de coimas, que según los cálculos del juzgado rondarían al menos los 16 millones de pesos. Los pagos ilegales fueron reconocidos por la propia empresa Skanska a partir de una auditoría interna. Se disimularon, según descubrió en un comienzo otro juez –Javier López Biscayart, del fuero penal tributario–, mediante el uso de facturas truchas asentadas en los balances de la firma.

Como parte de la pista de los sobornos, Montenegro abrió legajos patrimoniales de los ex funcionarios implicados –hasta ahora Madaro y Ulloa–, de once ex directivos de Skanska, un contador y el apoderado de una sociedad fantasma proveedora de facturas falsas. Todos tienen sus bienes embargados por cifras que van del millón a los siete millones de pesos. La apertura de cajas de seguridad es una de varias medidas para verificar cuánta plata tienen.

Ulloa, puntualmente, fue denunciado por el diputado Adrián Pérez (ARI) por la adquisición sospechosa de cuatro inmuebles: la fecha de escrituración –la mayoría de 2005– coincide con la adjudicación de las obras de los gasoductos. Durante la indagatoria, la semana pasada, le preguntaron sobre el tema y dijo que eran operaciones a nombre de su esposa y su suegra, realizadas con dinero de ellas.

Montenegro todavía no terminó de tomar todas las indagatorias que, incluyendo a los apoderados de empresas de facturas truchas y personas que cambiaron cheques de Skanska, suman más de treinta. La última sería la de un ex gerente de la empresa sueca, Alejandro Gerlero, fijada para el 16 de octubre. Difícilmente haya procesamientos –o faltas de mérito– hasta después de las elecciones. El otro misterio es si el juez, tentado por Macri para ser su ministro de Seguridad y Justicia en la ciudad, seguirá con la causa hasta el final.