El Senado uruguayo tuvo que suspender el tratamiento del proyecto para despenalizar el aborto después de que una amenaza de bomba obligó a desalojar la sala y suspender la sesión por media hora. Aunque luego se supo que se trató de una falsa alarma, las autoridades del cuerpo decidieron finalmente pasar a un cuarto intermedio para hoy. Ahora los legisladores del Frente Amplio cuentan con algunas horas para intentar inclinar voluntades de los indecisos a favor de su propuesta. Ayer por la tarde, el oficialismo y la oposición, contraria al proyecto, empataban en 15 votos.

Desde temprano se sintió el clima de tensión tanto en el recinto como en las barras de la Cámara alta, donde las agrupaciones que se manifiestan a favor y en contra de la iniciativa se instalaron para seguir los acontecimientos de cerca. Cuando se inició la sesión, pasadas las 16 (15 en Argentina), ambos sectores políticos eran conscientes de que se trataba de un debate reñido en el que la duda de uno u otro legislador podía trastrocar los números de la votación que ayer, según cálculos de medios de prensa locales, estaba empatados en 15 votos. El Senado está integrado por 31 legisladores, contando al presidente del cuerpo. Para aprobar la iniciativa, el oficialismo necesitaba mayoría simple, es decir, 16 votos.

La oposición, integrada por 14 legisladores de los partidos Nacional y Colorado, ya había adelantado su oposición a la despenalización del aborto. Dos senadores de este sector que apoyan la iniciativa estaban de viaje y fueron reemplazos por dos suplentes. Uno de ellos había anunciado que votaría en contra del proyecto, en consonancia con el bloque y el otro, Washington Abdala, había decidido que abandonaría el recinto ante la negativa de la mayoría de sus pares de someter la iniciativa a referéndum. El Frente Amplio, que cuenta con 17 legisladores, generó en su seno las expresiones en contra de Carlos Baraibar y Alberto Cid, que decidieron alinearse con la postura del presidente Tabaré Vázquez, quien adelantó que vetará el proyecto, si se aprueba.

El reclamo a favor de la despenalización del aborto regresó al Congreso uruguayo a mediados de este año cuando la Justicia decidió procesar a una joven de 20 años acusada de interrumpir su embarazo en una clínica clandestina de Montevideo. La intervención le costó 700 dólares y una infección severa. La chica fue denunciada por el médico que la atendió en un hospital del interior del país. El rechazo social a la decisión judicial se canalizó a través de un blog donde hombres, mujeres, personalidades de la cultura y artistas, ministros y funcionarios de primera línea del gobierno de Tabaré Vázquez, legisladores y el escritor Eduardo Galeano expresaron su solidaridad con la chica. En Uruguay se practican 33.000 abortos al año, lo que equivale a unos 90 por día.

En este contexto, las senadoras Mónica Xavier y Margarita Percovich promovieron el tratamiento de dos proyectos de ley de Defensa de la Salud Reproductiva que estaban varados desde hacía un año en la Comisión de Salud de la Cámara alta. En su capítulo primero, las iniciativas buscan garantizar el acceso a la anticoncepción y la información sobre métodos para prevenir embarazos no deseados y el contagio de enfermedades de trasmisión sexual. También plantea la obligación del Estado de implementar normas de atención pre y post aborto. En este punto, según fuentes legislativas, habría acuerdo entre las partes para aprobarlo.

En su capítulo 2 y 3 se plantea el derecho de la mujer a solicitar un aborto hasta la semana número doce de gestación por razones de “penuria económica, social, familiar o etaria”. Si la gestación es mayor a los tres meses, la reforma contempla la posibilidad de intervención en caso de que el embarazo ponga en riesgo su vida o si sufre “un proceso patológico que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina del feto”.

En la actualidad, el Código Penal castiga con penas de entre 3 y 25 años de prisión a la mujer que se realice un aborto. La normativa exime de condena a las mujeres que se realizan un aborto debido a penurias económicas, porque el embarazo fue una consecuencia de una violación o cuando la continuidad de la gestación pone en riesgo la vida de la madre. Sin embargo, al igual que la Argentina, en la práctica no se cumple debido a la falta de una reglamentación que establezca los tiempos y la pautas de aplicación de los abortos no punibles.