La Suprema Corte provincial convocó para hoy a una audiencia pública sobre la situación de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. La convocatoria es inédita por cualquier lado que se la vea. Se trata de la primera audiencia pública que fija el máximo tribunal provincial, siguiendo la línea marcada por la Corte Suprema de la Nación (como el caso del Riachuelo, por ejemplo). Es, además, toda una señal hacia la sociedad: las cárceles son tema público y deberán perder el estado de intramuros que caracteriza a su administración, parece decir el tribunal. La audiencia fue convocada para evaluar lo hecho a partir de las resoluciones de la propia Corte después de que el fallo Verbitsky de la Corte nacional, en abril de 2005, pusiera límites y plazos al hacinamiento, el maltrato y la violencia carcelaria bonaerense. Precisamente, el ministro de Justicia provincial, Eduardo di Rocco, tendrá la tarea de demostrar el cumplimiento de esos plazos por parte del gobierno provincial saliente. También darán su informe la procuradora general de la Corte, María del Carmen Falbo, y el defensor general de Casación, Mario Coriolano. Además, participarán de la audiencia el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles, Human Rights Watch Americas, el Inecip y la Comisión Provincial por la Memoria. La audiencia se realiza después de las elecciones pero antes de la asunción del futuro gobierno provincial, lo que puede leerse como una sutil demarcación de límites sobre lo que la próxima gestión podrá o tendrá vedado hacer en materia de política penal y carcelaria.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expondrá un diagnóstico sobre el proceso de ejecución del fallo de la Corte Suprema, por el que el gobierno bonaerense fue intimado a revertir “las condiciones inhumanas de detención de las personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías de la provincia”.

Fue a partir de la presentación del periodista Horacio Verbitsky, en representación del CELS, ante la Corte Suprema, de un hábeas corpus en favor de todos y cada uno de los presos bonaerenses, que el máximo tribunal resolvió favorablemente, en abril de 2005, fijar límites y plazos obligatorios al gobierno provincial. Algunos parecen haberse cumplido: se detuvo el incremento del hacinamiento porque se anularon los resortes legislativos, las leyes del manodurismo que engrosaron la población carcelaria. Actualmente, si las cifras son correctas, la población de las cárceles del SPB ronda los 24 mil presos, y se redujo a proporciones muy menores la existente en comisarías, dejando prácticamente nula la cantidad de menores detenidos en seccionales policiales.

Di Rocco establecerá seguramente su informe en ese logro, que lo es sin lugar a dudas. Quedará en promesa el compromiso a la fijación del cupo carcelario por ley, un modo de determinar numéricamente la cantidad de internos de cada unidad, una cifra que por el momento es tan elástica como la conveniencia de la administración penitenciaria lo requiera.

De allí al hacinamiento que continúa hay un solo paso. Por eso, Di Rocco fundamentará en su informe la construcción de nuevas unidades, pese a que esa construcción en muchos casos sea una máscara para alojar presos sin los servicios que corresponden para un trato humano no degradante. El caso del incendio del pabellón 16 del penal 28 de Magdalena, en octubre del 2005 y seis meses después del fallo Verbitsky, en el que 33 presos murieron carbonizados o asfixiados, será un condicionante al discurso del ministro: el pabellón era de los nuevos, pero no tenía servicio contra incendios. Las licitaciones por sistemas antiincendios en la mitad de las cárceles bonaerenses comenzaron a realizarse a partir de presentaciones realizadas por defensores oficiales y ong como el Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, entre fines del año pasado y principios de 2007.

La salud seguirá dejando mucho que sanar, pese a que formalmente el gobierno haya separado la Dirección de Salud de la órbita penitenciaria, para hacerla depender del subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo, el mismo cuya resolución 007/05, ahora en clara oposición a la línea de la Suprema Corte, prohíbe desde 2005 el paso de cámaras fotográficas y filmadoras a las ONG especializadas con el argumento de proteger la identidad de los presos (que curiosamente convocan a las ong para que sean testigos del horror carcelario).

El 11 de mayo de 2005 y el 21 de septiembre del mismo año, la Suprema Corte fijó las pautas de cumplimiento del fallo Verbitsky por parte de la provincia, indicando a qué debía ajustarse tanto la autoridad administrativa, en cuanto a no sacar los pies del plato jurídico, como la autoridad judicial (jueces, fiscales y defensores), en cuanto a qué se exige a dichos funcionarios para que la justicia no se transforme en un lastre anticonstitucional. Ahora, la audiencia pública convocada por el alto tribunal provincial se abre para escuchar lo hecho.

Para quien, además, quiera leer entre líneas, la convocatoria a la procuradora general de la Corte provincial, María del Carmen Falbo, y del defensor general de Casación provincial, Mario Coriolano, subordinado de ésta, podría pensarse también como alguna pista de lo que se pretende: que la defensoría pública no dependa más del jefe de los acusadores.