“El pacto social no va a ser sólo para la foto”, prometió Cristina Fernández de Kirchner a un grupo de encumbrados empresarios poco antes de los comicios. La idea cayó bien. Según aseguran los hombres de empresa, un acuerdo de ese tipo entusiasma, en particular si trasciende los términos de un pacto limitado a precios y salarios. Ninguno de ellos, sin embargo, podría negar que anhela ansiosamente ponerles un corsé a los reclamos sindicales. Pero esa alternativa, sumada a la certeza de las grandes metas macroeconómicas (tipo de cambio incluida), da un horizonte de mayor “previsibilidad”. Con este objetivo, se sentarán gustosos a conversar con los sindicalistas y el Gobierno.

Según aseguran desde las empresas, la primera condición para intentar un acuerdo multisectorial como los que tuvieron lugar en España, Chile u Holanda es que haya bonanza económica y no una crisis que desespere y exacerbe la avidez de las partes. “Después de cinco años de crecimiento sostenido y con la desocupación a un dígito, es posible comenzar a discutir sobre el largo plazo”, habilitaba ayer un industrial. En segundo término, es imprescindible que el poder político precise la agenda de discusión, definiendo el alcance de ese pacto, algo que se espera de la presidenta electa poco después de que asuma.

Cuando la convocatoria se formalice, se habrá puesto en marcha el segundo intento de celebrar un acuerdo de esta naturaleza en poco tiempo. El primero tuvo lugar a mediados de 2005, cuando dirigentes de la CGT y de la Unión Industrial Argentina fueron a Madrid para interiorizarse de cómo, a principios de los ’90, los españoles conformaron el Consejo Económico Social, que hoy produce iniciativas parlamentarias sobre temas mucho más amplios que el de precios y salarios. A semejanza del Consejo de la Producción y Comercio de Chile, que sólo resuelve genéricamente sobre esos dos ítem neurálgicos en el vínculo empleados-empleadores, pero genera propuestas sobre otras cosas como seguridad o no discriminación.

En esta línea, los empresarios argentinos imaginan que un eventual acuerdo social podría dar lugar a una institución permanente en la que se discutan los temas más calientes de coyuntura. Una vía para influir en las decisiones oficiales o ejercer un lobby menos irritante que el de la presión sectorial directa. “¿Por qué no analizar ahí cómo hacer para controlar el precio de la carne sin limitar las exportaciones y que sobre eso también pueda opinar un metalúrgico?”, ejemplificaba ayer el representante de una fuerte entidad patronal.

Aquel intento de hace dos años abortó cuando el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, advirtió que sentar a la mesa a sindicalistas y empresarios para pautar precios y salarios podría alentar expectativas inflacionarias. Entonces, se analizaba cómo recuperar los sueldos tras el shock devaluatorio. Con precios en constante alza, las remuneraciones hoy tienen la urgencia de no quedarse demasiado atrás.

Si a los industriales se les garantiza un tipo de cambio competitivo y a los prestadores de servicios regulados un “sendero” de incrementos, estarían dispuestos a hablar de cuánto invertir y en qué. Para discutir salarios, según se preocupan los empresarios, resultará crucial definir una pauta para “prever” qué pasará con ellos y así eludir el conflicto sindical, su principal desvelo. En aquella incipiente discusión de 2005 se barajaban alternativas a la del Indice de Precios al Consumidor como vara, pero ninguna variante convenció. La de la “productividad”, postulada por la UIA y respaldada por Economía, no convencía a ningún sindicalista. “¿Cómo la medimos nosotros, con el corte de boletos?”, se quejaba entonces el ex titular de la UTA, Juan Palacios. Ignacio de Mendiguren sigue sugiriendo otra similar e igualmente difícil: aumentar salarios según lo que crezca el Producto Bruto del sector en cuestión.

Un ejemplo del toma y daca a que aspiran las empresas lo da la propuesta de la conducción de Aerolíneas Argentinas: sólo aumentará su flota si se compromete a los siete sindicatos aeronáuticos en una tregua que le asegure, por cinco años, ausencia de medidas de fuerza.