El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dado un paso decisivo en lo que puede ser una moratoria de facto de la pena de muerte. Al parar en Mississippi, menos de una hora antes del horario fijado, la ejecución de Earl W. Perry, que había agotado todos los recursos, incluido el de apelar a la octava enmienda para evitar que se le aplique un castigo cruel e inhumano (estaba fuera de plazo, pero la trayectoria adoptada por el Supremo animó a sus abogados a quemar ese último cartucho), los jueces de la máxima instancia judicial de Estados Unidos están adelantando un mensaje: la pena de muerte avanza en el terreno de los tribunales hacia su paralización, que podría convertirse en prohibición.

Ya son tres las máximas penas suspendidas desde que el pasado 25 de septiembre la Corte anunció su intención de considerar si es constitucional usar la inyección letal, por tratarse de un cóctel mortal de medicamentos que produce enorme sufrimiento y dolor en quien es aplicado, lo que entra en colisión con la Octava Enmienda. Tan sólo una persona ha sido ejecutada desde esa fecha: Michael Richard, en Texas, cuya Corte Suprema se negó a suspender su muerte a pesar de la dirección adoptada por la máxima instancia judicial del país. Pero todo apunta a que la ejecución de Richard puede convertirse en la última, si finalmente el Supremo decide en el caso conocido como Baze versus Rees –el apellido del preso que junto a Thomas Bowling denunció el procedimiento como cruel– que la inyección letal es inconstitucional y se necesitan nuevos protocolos para acabar con la vida de los reos sin que sufran.

Si bien es cierto que la actual moratoria de facto es una reminiscencia de lo sucedido a finales de los sesenta y principios de los setenta, cuando se paralizaron algunas ejecuciones hasta su prohibición final en 1972, el parecido es superficial. En aquel entonces se cuestionó la constitucionalidad de la pena capital en sí y se invalidaron las leyes que la permitían. Cuando en 1976 el Supremo inauguró una nueva época en la pena de muerte, lo hizo bajo normas reelaboradas. Hoy en día, la constitucionalidad de la pena de muerte no está en cuestión y los presos no desafían la validez de sus condenas. Llegado el caso, lo que el Supremo cuestiona ni siquiera es la inyección letal en sí, el método para acabar con la vida de los condenados en el corredor de la muerte y en vigor en 37 de los 38 Estados (de un total de 50) que tienen la pena capital en sus legislaciones. Hilando muy fino lo que los magistrados estudian es si es anticonstitucional la mezcla de los barbitúricos que se inyectan en la sangre del condenado. La elaboración del método. No de la práctica.

La inyección letal comenzó a utilizarse en 1978, como una alternativa a métodos como la horca, la cámara de gas, la electrocución y el fusilamiento. Desde que la pena de muerte se reinstauró en Estados Unidos en 1976, un total de 790 de las 1099 ejecuciones que se han llevado a cabo hasta hoy han sido con inyecciones intravenosas de barbitúricos.

Los 37 estados que emplean la inyección letal usan la misma mezcla de drogas: una anestesia, un paralizante muscular y una sustancia que detiene la marcha del corazón.

De los nueves jueces del Supremo que de aquí a primavera, cuando se cierre el año judicial, tienen que decidir sobre Baze versus Rees, los ultraconservadores Antonin Scalia y Samuel Alito realizaron un voto particular para que no se paralizase la sentencia a muerte del preso de Mi-ssissippi, Michael Richard, que llegó a tener su última cena: chuletas de cerdo. Después, se dio una ducha.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.