Con 185 votos a favor y 137 en contra el Parlamento español aprobó ayer la llamada Ley de la Memoria Histórica, una compleja disposición legal destinada a reparar a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura franquista. Propuesta en su momento por el gobernante Partido Socialista, la ley fue una de las promesas electorales del actual primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo abuelo fue fusilado por el franquismo. Resistida por el Partido Popular, que la considera un instrumento destinado a reabrir viejas heridas que, a su juicio, ya han quedado cerradas, y por Ezquerra Republicana de Cataluña, que la juzga demasiado tibia porque sólo declara ilegítimos, pero no ilegales, los juicios producidos durante el gobierno de Franco, la ley fue aprobada ayer en el Parlamento gracias también al apoyo de Izquierda Unida y de los partidos nacionalistas moderados, como Convergencia i Unió de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco (una organización que fue perseguida en su día por el franquismo y que gobierna en Euskadi desde el retorno de la democracia), el Bloque Nacionalista Gallego y la Coalición Canaria.

La ley es un golpe simbólico y político a la memoria del franquismo ya que ordena retirar todos los símbolos de la dictadura de los lugares públicos, aunque a última hora se introdujo una enmienda para salvar a la Iglesia Católica de esta obligación. En muchas iglesias españolas todavía se pueden ver placas conmemorativas de los “caídos por Dios y por la patria” y el texto original de la legislación aprobada ayer establecía que se podían quitar las subvenciones públicas a los entes privados que se negaran a retirar estos símbolos. El texto también fue suavizado a lo largo de las tediosas negociaciones políticas que precedieron a su aprobación en lo que se refiere a la legitimidad de las sentencias emitidas por los tribunales de la dictadura. Originalmente, el PSOE había presentado una propuesta en la que se declaraban ilegales estos juicios. Pero teniendo en cuenta la cantidad de expropiaciones que el franquismo llevó a cabo de las propiedades de simpatizantes republicanos, establecer esa ilegalidad equivalía a generar un caos jurídico de efectos impensables. Finalmente, se decidió declararlas “ilegítimas”, lo que salva el honor de los condenados pero no les da derecho a sus herederos a reclamar reparaciones económicas.

Otra de las medidas contenidas en la ley afecta directamente a miles de ciudadanos argentinos, ya que se establece el derecho a obtener la nacionalidad española a todos aquellos hijos o nietos de exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista de 1939 a 1975.

La gran mayoría de las asociaciones de víctimas del franquismo se mostraron poco satisfechas con la nueva ley, ya que consideran que ha sido demasiado “lavada” a lo largo de los muchos meses en los que estuvo sometida a negociaciones en el Parlamento. Uno de los temas espinosos que terminó también muy suavizado, si se tiene en cuenta su propuesta inicial, es el relacionado a la identificación y localización de los cadáveres de los fusilados. Los familiares pedían un mayor compromiso del gobierno, que finalmente no financiará las excavaciones, aunque elaborará un protocolo de actuación científica y pondrá a disposición de los interesados mapas de los terrenos en los que se hayan localizado las fosas, que serán especialmente protegidas.

La ley también condena la violación de los derechos humanos llevada a cabo durante la dictadura, aunque no establece que se investiguen los crímenes ni abre la puerta a la posibilidad de que se juzgue a los responsables de los mismos que todavía puedan estar vivos.