Dos millones y medio de infracciones de tránsito, muchas de ellas graves, prescribieron en la ciudad de Buenos Aires sin que los conductores fuesen siquiera notificados, según un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional: “Es una burla, porque control sin sanción es burla”, comentó un especialista en seguridad vial. El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño dispuso dar de baja las actuaciones así prescriptas, que son aquellas que llevan más de dos años sin notificación. El secretario de Seguridad de la ciudad señaló las “falencias” del sistema actual y se comprometió a “implementar, este año, un sistema eficaz de notificación”. Mientras tanto, según advirtió otro especialista, “la situación invita a que se cometan infracciones: cuantas más haya, más se saturará el sistema y seguirán prescribiendo”. Expertos en seguridad requieren, también, que el policía que hace la boleta haga parar al infractor y lo identifique, en vez de limitarse a anotar el número de patente; eso ayudaría a evitar “artilugios” para eludir la responsabilidad por faltas graves. Este cuadro de impunidad se enmarca en la falta de soluciones a nivel nacional: “No se lleva adelante lo convenido por la Nación y las provincias: registro único de antecedentes de tránsito, unificación de los criterios para otorgar licencias de conducir; scoring”, señaló el mismo especialista.

“Vistos los informes de la Universidad Tecnológica Nacional que dan cuenta de la existencia de más de dos millones quinientas mil actas pendientes de resolución, respecto de las cuales ha transcurrido en exceso el plazo de dos años previsto por la ley”, “sin que exista posibilidad de contar con el instrumento para acreditar en forma fehaciente que la persona fue debidamente notificada”, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño resolvió “encomendar la baja en el sistema informático de las actas de comprobación respecto de las cuales hubieran transcurrido dos años”, salvo aquellas ya “radicadas en las unidades administrativas de control de faltas”. (Ayer se difundió, erróneamente, que la prescripción alcanzaría hasta marzo de 2007.)

Daniel Presti, secretario de Seguridad porteño, señaló que “la única forma de interrumpir el plazo de prescripción (que por ley de la ciudad es de dos años, para faltas leves o graves) es por notificación fehaciente al infractor”. El funcionario admitió “falencias en el procedimiento” y aseguró que “estamos haciendo un relevamiento de los pasos que se siguen desde que se labra la infracción, a fin de implementar lo antes posible un sistema eficaz de notificación; tenemos que hacerlo rápido, no perder todo un año para cambiarlo”.

Entretanto, “la situación invita a que todos hagan muchas infracciones: así el sistema se satura y, como no da abasto, las multas terminan prescribiendo –ironizó Fabián Pons, gerente general del Centro de Experimentación en Seguridad Vial (Cesvi)–: es una locura, sólo sirve para aumentar el sentido de impunidad”.

Para Eduardo Bertotti, titular del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), “la administración de la Justicia de faltas porteña es torpe: por eso prescriben las multas. Hay pocos oficiales verificadores, aunque siempre prometen aumentarlos. Falta una estructura administrativa ágil. El resultado es que no hay sanciones, y el control sin sanción es una burla”.

Bertotti insistió también en que “el policía o funcionario que hace el procedimiento identifique al infractor; no como ahora que, en general, se limitan a tomar la chapa patente, sin pararlo ni pedirle documentos. Esto complica el procedimiento y facilita artilugios como ‘...Yo no manejaba ese día’ o ‘...El auto estaba en el taller’”.

En el caso de que se aplique un sistema de sanciones por puntaje, con posibilidad de suspensión de la licencia de conducir, la identificación del conductor “sería todavía más importante, porque los puntos corresponden al infractor, no al propietario del vehículo: el derecho de faltas es un primo menor del derecho penal, donde la responsabilidad corresponde a la persona que cometió el acto”, explicó Bertotti.