A un año del incendio de Villa Cartón, la fiscal de instrucción Mónica Cuñarro advirtió al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que, durante su investigación, “surgieron múltiples irregularidades administrativas”. Se trata, según la magistrada, de presuntos sobreprecios en la construcción de viviendas sociales e irregularidades en la asignación de subsidios. “Es posible censar a la misma persona viviendo en dos lugares, cuando en realidad tiene adjudicada una vivienda en otro”, ejemplificó la fiscal, quien reiteró la semana pasada el pedido de indagatoria para la dirigente barrial Gladys Miño, cercana al legislador porteño Aníbal Ibarra, como principal sospechosa del incendio de ese asentamiento de Villa Soldati donde vivían unas 300 familias.

El informe, con fecha del 21 de diciembre pero divulgado ayer, señala que la estructura del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) “tiene una planta de personal administrativa excesiva en comparación con otras dependencias de la misma competencia en el resto del país”, según los datos de la auditoría general porteña. Además, “el costo por metro de construcción (de las viviendas sociales) supera al más caro del país por motivos climáticos y estructurales, como es Tierra del Fuego” y, según el informe, el doble de lo que les cuesta al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La fiscal también detalló entre otros problemas “la conformación irregular de padrones o falta de control de éstos en forma no transparente de larga data, producto de profundas informalidades en la conformación de los censos poblacionales”.

Así, una misma persona puede figurar como habitante de Villa Cartón, el barrio Ramón Carrillo y hasta tramitar una adjudicación del IVC, explicaron fuentes judiciales. “La falta de publicación de éstos y la posibilidad de impugnación a los posibles adjudicatarios”, enumeró Cuñarro, genera “la desigualdad en la adjudicación”. Por otro lado, remarcó “la falta de escrituración de aquellos habitantes que tienen viviendas otorgadas... lo que los convierte en rehenes de los que tienen el poder”. El principal argumento en este sentido es que la informalidad permite, básicamente, “que existan personas que no habitan en ese asentamiento o ya han sido beneficiarias de otra vivienda, y se les permite su venta o alquiler en infracción a las normas civiles”.

En el dictamen también se menciona “la asignación de subsidios en forma no igualitaria a todos los habitantes, sino a aquellos que tienen cercanía con el supuesto referente de turno”. Esta situación permite la tercerización de los planes sociales “hasta llegar a existir familias que en desmedro de otras son beneficiarias de varios planes”. Para garantizar formalmente un procedimiento transparente y previsible, la fiscal insiste en que “podría centralizarse la asignación de los subsidios, coordinarse y cruzar con las bases de datos nacionales a fin de poder garantizar un método transparente e igualitario”.

El viernes último, Cuñarro pidió las indagatorias por el incendio de Villa Cartón al juez de instrucción Francisco Azzolín, quien el año pasado había rechazado este reclamo considerando que no había pruebas suficientes. La fiscal insistió “por darse el grado de sospecha requerido” y advirtió al juez que en caso de no compartir su criterio “reasuma la investigación o sobresea a Miño y (Víctor Gustavo) Valdez, para que la fiscalía pueda ejercer la vía recursiva”. Cuñarro adjudicó el incendio a la dirigente barrial y a un vecino de la villa (Valdez), “el objetivo –destacó– fue lograr la destrucción total del lugar como una forma de ejercer presión ante las autoridades locales de aquel momento”. Entre sus pruebas, consta la declaración del titular del operativo de rescate, sorprendido porque “no hubo –por suerte– ninguna víctima fatal, ninguna persona con quemaduras o problemas de asfixia”. La conclusión es que los habitantes del lugar “conocían lo que sucedería y pudieron resguardar sus vidas y sus enseres más valiosos”.