Por el caso Christian Domínguez –el joven torturado y asesinado en la comisaría 1a de Berisso, en febrero de 2005–, cuatro policías fueron detenidos ayer y una médica de la fuerza permanecía prófuga. Las detenciones fueron ordenadas ayer mismo por la Justicia penal de La Plata contra los acusados, policías en actividad o retirados que el 4 de febrero de 2005 cumplían funciones en la comisaría 1 y que habrían participado en el crimen o en su encubrimiento. Domínguez había aparecido ahorcado, en lo que se quiso hacer aparecer como un suicidio, pero las pericias médicas revelaron que fue asfixiado por presión manual. Las aprehensiones surgen a partir del cambio en las imputaciones del caso, en el que por decisión de la Justicia platense se juzgará a los policías por “tortura seguida de muerte”.

Como aún quedaba pendiente una detención, hasta anoche no se habían informado las identidades de los acusados, pero se supo que se trataba de policías activos y ex policías. Además, la Justicia platense ordenó también la detención de una médica policial imputada de “encubrimiento agravado”, por haber realizado la primera autopsia al cuerpo de Domínguez, en la que dijo haber constatado que cometió “suicidio”, cuando en realidad más tarde se reveló que el joven fue asesinado.

Ayer por la noche, ya eran cuatro los acusados que habían sido detenidos y estaba pendiente una orden de captura. Las detenciones fueron solicitadas por el fiscal Marcelo Martini, reciente instructor en la causa, quien decidió cambiar las imputaciones a “tortura seguida de muerte”. El primer fiscal encargado de la causa fue Alejandro Heredia, apartado por incumplir sus deberes de funcionario público, entre otras cosas por no presentarse en el lugar del hecho y dejar la investigación a cargo de los policías de la propia comisaría donde Domínguez fue asesinado.

La segunda fiscal fue Ana Medina, también apartada por diversas irregularidades, como instigar a uno de los testigos (un oficial de la comisaría 1) a cambiar su declaración. Luego le tocó el turno a Tomás Morán, contra el que la familia Domínguez también cargó, al asegurar que no permitía a los querellantes presenciar declaraciones de testigos.

Los amigos y familiares de Christian –que al momento de su asesinato estaba casado y tenía una hija de tres años– denunciaron que en la causa “no hubo voluntad de buscar los cordones de Christian, los paquetes vásculonerviosos (desaparecidos durante la investigación) ni de explicar que simularon el ahorcamiento de Christian. Solamente hubo un determinismo llamativo en intentar restarle entidad al homicidio y al encubrimiento, hechos que por supuesto revisten la misma gravedad”. A partir de estas denuncias, Morán también fue desplazado y el fiscal de la causa pasó a ser Martini, que ayer elevó a la Justicia platense el pedido de captura para los cuatro policías y la médica sindicados como autores o cómplices del hecho.

Entretanto, desde la Agrupación Miguel Bru, que acompaña a los familiares y amigos de la víctima, se denunció nuevamente que “los policías responsables de la muerte de Christian quisieron hacer pasar el asesinato como un ahorcamiento en la celda de contraventores, manipularon la escena del crimen y eliminaron muchos elementos de prueba judicial”.