Boris Dittrich está trabajando para lograr que las Naciones Unidas adopten la llamada Declaración de Yogyakarta, un compendio de principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, acordada en una reunión de expertos en esa ciudad de Indonesia en 2006. Y que la Argentina, Brasil y Uruguay, con el apoyo de Human Right Watch, presentaron ante la ONU en noviembre de 2007.

–¿Qué alcance tiene la Declaración de Yogyakarta?

–No son sueños. Son leyes existentes en el campo de los derechos humanos y fueron traducidos a la orientación sexual. Por ejemplo, se especifica que una mujer o un varón no pueden ser torturados por ser lesbiana u homosexual. Suena muy obvio, pero lamentablemente hay 77 países donde la homosexualidad es criminalizada. En ocho países, entre ellos Irán, Arabia Saudita y algunos africanos, todavía hay pena de muerte para los homosexuales.

–¿La idea es convertir esa declaración en una convención de la ONU?

–Sí, pero lamentablemente no hay una mayoría de países dispuestos a votar a favor de esos principios. Muchos países dicen: “Nosotros apoyamos los derechos humanos, pero no para los homosexuales”. Eso viola el concepto de derechos humanos, que son para todos. Esta semana, países del Mercosur plantearon en el Comité de Derechos Humanos de la ONU que la discriminación en base a la orientación sexual debería ser prohibida. La Argentina está apoyando esta posición y Human Right Watch está muy agradecido. El Vaticano presiona a los países católicos para que se opongan.

–¿La Iglesia Católica es el principal obstáculo para que se aprueben?

–Es uno de los obstáculos. Otro muy importante son muchos países en Africa, que sostienen que no tienen homosexuales en su cultura. Y afirman que queremos imponer los estándares de los países desarrollados.

–En nueve provincias argentinas los homosexuales y los hombres que se visten como mujer son criminalizados.

–Sí, me he enterado. Desde la Federación de GLTB van a enviar una carta a los gobernadores pidiendo la derogación de esos códigos. Desde Human Right Watch apoyamos ese reclamo.