“El gobierno porteño pretende generar nuevos ‘micromanicomios’”, sostuvo un representante del Consejo General de Salud Mental –creado por la Ley 448 de Salud Mental porteña y que no habría sido consultado para la elaboración del nuevo proyecto–. En esta óptica, el gobierno “incumple la Ley de Salud Mental y la Constitución de la ciudad”. El representante del Consejo afirmó que el plan fue elaborado “de acuerdo con el establishment médico”, al que acusó de “impedir la incorporación de servicios de salud mental en los hospitales generales”, como lo requiere la OMS y lo plantea la Ley de Salud Mental.

El Consejo General de Salud Mental reúne a numerosas instituciones, entre ellas las asociaciones de Psicólogos, de Psicopedagogos, de Terapistas Ocupacionales, de Musicoterapeutas, las asociaciones psicoanalíticas APA, APdeBA y EFBA, la Asociación de Profesionales del Alvear y la Asociación de Médicos Municipales (filial Borda), entre otros.

Según Angel Barraco, uno de sus representantes –quien además, como asesor de la Legislatura porteña, fue miembro redactor de la Ley 448–, los diez centros de internación anunciados por el gobierno porteño “son nuevos micromanicomios; el encierro, los vidrios blindados, el monitoreo por circuito cerrado delatan la prevalencia de un criterio de ‘peligrosidad’ del internado y rompen con un criterio esencial de la ley y de la propia Constitución de la ciudad, como lo es el de instituciones abiertas”.

Barraco destacó que “tal como lo establece la OMS, la atención en salud mental debe trasladarse a los hospitales generales y a dispositivos de tipo comunitario. Pero, en la ciudad de Buenos Aires, el establishment médico resiste la incorporación de camas de salud mental en hospitales generales. Distintas gestiones de gobierno lo intentaron y no pudieron: el ex ministro de Salud porteño Alberto de Micheli lo intentó, primero, cuando era director del Hospital Tornú; tenía ya la sala preparada, pero no pudo ponerla en funcionamiento por presión de la corporación médica; después, ya como ministro, volvió a intentarlo para los hospitales, y tampoco pudo”.

Según Barraco, “para elaborar su nuevo plan, el gobierno de la ciudad no consultó al Consejo General de Salud Mental, pese a lo que requieren los artículos 6º y 7º de la Ley 448, y, en cambio, acordó sólo con la Asociación de Médicos Municipales, Femeca y otras instituciones pertenecientes al polo médico. En los hechos, el plan considera la salud mental como patrimonio exclusivo de la medicina”.

“En esta misma línea –agregó Barraco–, no se han puesto en funcionamiento las guardias interdisciplinarias en salud mental, que la ley establece para los hospitales generales, pese a que se había llamado a concurso para ponerlas en marcha; pero el establishment médico se resistió a la presencia jerarquizada de profesionales médicos y se opuso, nuevamente, a que en los hospitales generales se atienda el padecimiento mental.”

El representante en el Consejo también denunció que, “ya antes de la presentación de este plan, el actual gobierno de la ciudad redujo el nivel de la anterior Dirección General de Salud Mental, que bajó a Dirección de Salud Mental: éste no es un mero cambio burocrático: ahora, ni los hospitales psiquiátricos ni los centros de salud mental dependen de ella, actúan de manera desarticulada y la autoridad del área no puede generar políticas ni lineamientos. Como dirección general, los hospitales psiquiátricos y centros de salud estaban en su órbita”.