La ley de trata fue impulsada por el Gobierno. Obtuvo media sanción del Senado en 2006 y la Cámara de Diputados la terminó de aprobar semanas atrás.

La tipificación como delito federal era un reclamo de organizaciones de mujeres que trabajan con esa problemática. Sin embargo, diversas entidades cuestionaron la definición que se hizo de la trata en la norma porque diferencia entre víctimas menores de 18 años y mayores de edad. En el caso de las mayores, para que se constituya el delito de trata, se debe probar que fueron reclutadas y trasladas mediante “engaño , fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o pagos”.

Para las ONG, será muy difícil probar que hayan intervenido alguna de estas circunstancias dado que las víctimas –por el terror que suelen tener por las situaciones vividas– son reacias a declarar en la Justicia. Por esa razón plantean que no debe tener que probarse si hubo o no consentimiento, para que se constituya el delito. Y han pedido a la presidenta Cristina Fernández que vete ese artículo para que se le incorporen modificaciones.