“La aplicación de políticas criminalizadoras del consumo no debería ser evaluada como ‘fracaso’ del sistema penal”, sino como el éxito de una estrategia global” que “garantiza finalmente el enriquecimiento de los criminales mejor organizados en uno de los mercados más lucrativos del mundo”, observa la investigación de Alejandro Corda y Pablo Frisch, que analiza la aplicación de la Ley 23.737, de Estupefacientes. Frisch comentó que “cuando el sistema penal reprime sólo el último eslabón de la cadena, respaldado por campañas mediáticas, está siendo funcional para dejar impune el negocio grande en relación con el tráfico de drogas. Esto no quiere decir que el agente de policía que detiene a un usuario esté pensando en liberar el narcotráfico a escala: pero termina siendo funcional a eso”.

“De hecho, en la Argentina prácticamente no se han abierto causas por tráfico en ese alto nivel –continuó Frisch–. Y esto no sólo tiene que ver con la comercialización del producto, sino con el lavado del dinero: esta economía informal está intrincada con la economía formal. Un paso positivo ha sido empezar a perseguir el ingreso de precursores químicos como la efedrina, que venían ingresando sin ningún control: se trata de delitos contemplados en la Ley de Drogas pero que no se perseguían”.

Frisch observó que “el modelo represivo, a la vez que ‘terapéutico’, contra las drogas ilegales, se desarrolla a partir de la Convención Unica sobre Estupefacientes, que suscriben las Naciones Unidas en 1961”. En la década de 1970, “comienza a instalarse un discurso político en el que la droga se percibe como una amenaza al orden”, y “comienza a considerarse la prevención de la toxicomanía como una faceta de la lucha contra la subversión”.