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“Tener estadísticas es clave para elaborar políticas públicas”, enfatiza la abogada feminista Rocío Villanueva Flores. Reconocida académica con larga carrera en el ámbito internacional, desde hace varios años está inserta en el Poder Judicial de su país, Perú. Y desde ese lugar estratégico, como asesora de la Fiscalía de la Nación, impulsó la creación del Registro de Feminicidios, el primero en su tipo en la región, ya que a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos –incluido Argentina– no lleva la cuenta de los asesinatos de mujeres por violencia de género a partir de las noticias que aparecen en medios de comunicación sino de las investigaciones de los homicidios a cargo de fiscales. “Primero hice el seguimiento de los casos publicados en la prensa. Con esa información fui a hablar con la fiscal de la Nación y le dije: las cifras son un escándalo. Tenemos que hacer algo. Así nació el registro en febrero de 2009”, contó en una entrevista con Página/12. La información obtenida les permitió concluir una realidad que probablemente trascienda las fronteras de Perú: que “a las mujeres las matan más en sus casas que en la calle”.

No hay dudas de que el tema la apasiona. A pesar de la sordidez que atraviesa la problemática de los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, un drama social que desangra a Latinoamérica, Villanueva habla con un entusiasmo arrollador y con la satisfacción de haber podido introducir cambios en una estructura que suele estar cargada de prejuicios y machismo como el Poder Judicial. Es profesora y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Perú, “la más liberal”, aclara para que no haya confusiones por el nombre. Villanueva llegó a dirigir la Escuela de Ministerio Público, donde se forman fiscales, médicos legistas y personal administrativo y también se desempeñó en la Defensoría del Pueblo como defensora adjunta para los Derechos de la Mujer y para los Derechos Humanos y de las Personas con Discapacidad. Conversó con Página/12 durante su estadía en Buenos Aires, una semana atrás, cuando llegó invitada a participar de una reunión convocada por el Cladem para analizar la conveniencia de avanzar con la tipificación del femicidio en los códigos penales, como medida para frenar la violencia de género (ver aparte). Villanueva es tajante: definitivamente está convencida de que no es útil. “El derecho penal tiene exigencias, debe ser claro para ser comprendido por el ciudadano medio. Las definiciones de femicidio o feminicidio que tienen algunas leyes vigentes son confusas, poco claras, porque han trasladado cuestiones de la sociología y la antropología al derecho penal. Esas leyes están cumpliendo solo un rol simbólico. Y el derecho penal no puede tener sólo esa finalidad”, opina Villanueva.

–¿Por qué un Registro de Feminicidios?

–Siguiendo el modelo español, que no tiene el femicidio o feminicidio tipificado, creamos un registro con fines estadísticos. La idea es visibilizar que hay una forma de homicidio que afecta particularmente a la mujer. La experiencia española –con una política pública contra la violencia desde 2004– muestra que aunque haya compromiso del Estado se sigue matando a las mujeres. La causa del asesinato de mujeres es muy compleja. Es consecuencia de una relación de desigualdad histórica entre varones y mujeres. Hay hombres que matan porque creen que las mujeres son de su propiedad. Eso no lo va a solucionar el derecho penal, sino medidas de largo plazo fundamentalmente en la educación. Hay que promover el mensaje de que la violencia contra las mujeres no está permitida. Pero si no sabemos cómo las matan, no podemos diseñar políticas de prevención.

–¿Qué información obtuvieron a partir del Registro?

–Del total de los homicidios que ocurren en el país, el 20 por ciento de las víctimas son mujeres y el 80 por ciento varones. Es una proporción que se repite más o menos en la mayoría de los países. En 2010, el 34 por ciento de las mujeres asesinadas murió víctima de su pareja o ex pareja y sólo el 2,1 por ciento de los hombres falleció en esas circunstancias. Este dato nos muestra que las mujeres pueden ser víctimas de una acción violenta al igual que los hombres (en la calle en un robo, por ejemplo) pero que hay un tipo de violencia que se dirige a ellas por su condición de mujeres.

–¿Por qué hablan de feminicidio y no de femicidio?

–La discusión académica de los alcances de cada término no está saldada. Nosotros lo usamos indistintamente. En cada país se arraigó una de las dos formas. En Centroamérica y Perú se usa feminicidio.

–¿Cómo definen a los feminicidios?

–Distinguimos entre distintos tipos de feminicidios: feminicidio íntimo, cuando lo comete la pareja o ex pareja, ya sea que existía un vínculo matrimonial entre la víctima y el victimario o no; también incluimos los casos de muerte de mujeres a manos de un miembro de la familia como el padre, el padrastro, el hermano o el primo. La segunda categoría es feminicidio no íntimo: cuando el homicida no tenía relación de pareja o familiar con la víctima; aquí incluimos las muertes perpetradas por un cliente tratándose de trabajadoras sexuales, por amigos, o vecinos, por desconocidos cuando se ataca sexualmente a la víctima antes de matarla así como la muerte ocurrida en el contexto de trata de personas. La tercera categoría es el feminicidio por conexión: se da en aquellos casos en los que las mujeres fueron muertas en la !línea de fuego! de un hombre que pretendía matar o herir a otra mujer. Por lo general, se trata de mujeres parientes, por ejemplo, hija, madre o hermana, que intentaron intervenir para evitar el homicidio o la agresión, o que simplemente se encontraban en el lugar de los hechos.

–¿Quién determina si se está frente a un femicidio?

–El fiscal es el que investiga el hecho y analiza en qué circunstancias se produjo el homicidio, quién mató a la mujer, cómo, dónde. Ese es el procedimiento de cualquier pesquisa. Pero nosotros hicimos un formulario donde tiene que señalar el vínculo entre víctima y victimario, edad, con qué arma murió, si el victimario se suicidó, si tenía hijos la víctima, si estaba embarazada. Después nosotros buscamos si esa víctima había hecho denuncias contra el presunto autor y si había medidas de protección para ella. En 2010, de las 130 mujeres víctimas de feminicidio íntimo, once habían presentado denuncias contra el agresor, que habían llegado al Ministerio Público. De esas once, seis se habían archivado. Las otras cinco se habían pasado a juzgados de Familia para que siguieran el proceso judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras perdemos tiempo en discutir si sirve o no sirve tipificar el feminicidio, no estamos viendo qué sucede con las medidas de protección, que son lo único que les puede salvar la vida, y cómo podemos hacer para que sean más eficaces. Hemos observado en Perú que los fiscales dictaban como medida de protección “que cese la violencia”, como si con una orden judicial podrían conseguirlo. Esa medida se prohibió. En Perú las medidas de protección las dictan los fiscales. En ninguna parte de América latina se supervisa a los jueces que tienen a su cargo dictar ese tipo de medidas. Sería muy importante hacerlo.

–¿Qué lecciones les dejó el armado del registro?

–La primera es que no cuesta dinero. Lo único que se necesita es un formulario y una directiva de la Fiscalía General que dice que llenarlo es obligatorio, y que explica qué es un feminicidio. Hubo un proceso de formación de los fiscales, incluso habilitamos una línea telefónica gratuita para que pudieran sacarse las dudas. Otra clave fue empoderar a los fiscales y reconocer la importancia de su trabajo. Hacemos un boletín mensual sobre la temática.

–¿Para qué sirve la información del registro?

–Hicimos un mapa de los femicidios distrito por distrito, de todo el país. Donde hay mayores tasas de feminicidios no es en las grandes urbes, como se podría presumir, sino en las zonas rurales. Es interesante apuntar que ese homicidio seguramente no llega a un diario y no queda registrado en los conteos que se hacen a partir de las noticias. Ese mapa se lo mandamos a todos los alcaldes para que incluyan la problemática de la violencia de género en sus programas de seguridad urbana, porque a las mujeres las matan más en sus casas que en la calle. En Perú, hay más denuncias por violencia familiar que denuncias por delitos contra el patrimonio, es decir, por robos en la calle, y a nadie le importa. Así como no queremos que a los varones los maten en las calles, tampoco queremos que las mujeres mueran en sus casas. Las estadísticas son clave para elaborar políticas públicas.