El pedido de jury contra el juez y la asesora fue presentado por organizaciones de derechos de las mujeres y civiles. Lo firmaron Mirta Iglesias, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); Verónica Caliva, de la Fundación Entre Mujeres; Rubén Manases Adchjian, de la Asociación Civil Instituto Laico de Estudios Contemporáneos Argentinos; y Ramos y César, de la Multisectorial de Mujeres de Salta. Además, ONG, agrupaciones políticas, las diputadas nacionales Susana Canela y Araceli Ferreyra (FpV) y referentes que trabajan por los derechos de las mujeres en distintos puntos del país expresaron su adhesión a la destitución de ambos funcionarios judiciales. El pedido de jury fue acompañado por un dictamen de la oficina del Inadi de Salta, en que el organismo nacional concluyó que las actuaciones judiciales en el caso fueron discriminatorias y que la negativa del aborto no punible atentó “contra la condición de mujer de la niña al considerarla un mero instrumento a fin de proteger la vida del no nacido”. La presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras, se presentó como amicus curiae, con una amplia fundamentación jurídica, y pidió que se declare la admisibilidad formal de pedido de jury. Tanto respaldo no fue suficiente.