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Para asegurar el derecho de acceso a personas discapacitadas al transporte público, el informe de la Auditoría General de la Nación hace las siguientes recomendaciones:
- Arbitrar los medios para garantizar el cumplimiento de la normativa nacional que obliga a las empresas de transporte público de pasajeros a incorporar unidades adaptadas.
- Reglamentar un procedimiento que establezca un sistema de prioridad obligatorio de incorporación de unidades adaptadas para dar el alta de unidades comunes.
- Instrumentar un nuevo sistema de cálculo de la deuda vehicular.
- Reglamentar un procedimiento que prevea sanciones de inhabilitación ante la acumulación de deuda vehicular.
- Aplicar plenamente el sistema sancionatorio de modo de propiciar el cumplimiento de la normativa.
- Contabilizar las unidades de menor porte como unidades comunes.
- No autorizar la desafectación de unidades adaptadas.
- Arbitrar los medios pertinentes para remediar las irregularidades detectadas en las condiciones de adaptación y mantenimiento, como así también la identificación de las unidades adaptadas que circulan en la vía pública.